Más de 200 familias de Francia, Israel, Estados Unidos, Bélgica y Canadá se disponen a exigir una indemnización a la SNCF, la empresa pública de los ferrocarriles franceses, por haber trasladado a sus familiares a los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial, donde la mayor parte fueron asesinados.

La iniciativa fue presentada en su momento por el eurodiputado ecologista Alain Lipietz y abrió la puerta a una gran cantidad de demandas que podría costarle muy cara al erario público francés, pese a la apelación realizada por la SNCF.

Lipietz, denunció a la empresa estatal de los ferrocarriles por "complicidad en crímenes contra la humanidad", y consiguió que en junio pasado un tribunal de Toulouse condenara a la SNCF a una multa de 62.000 euros por su implicación en el traslado en vagones de ganado al campo de concentración de Drancy, en mayo de 1944.

Drancy, ubicado en el norte de Francia, era el lugar donde se reunía a los judíos que iban a ser deportados hacia Auschwitz y otros campos de concentración en los que se aplicaba la solución final.

El diario español El País citó declaraciones del abogado Matthieu Delmas, quien aseguró que el proceso legal por el que se pide "la reparación de los perjuicios sufridos por la deportación en vagones”, se iniciará esta misma semana.

Pero antes de acudir a la justicia, los demandantes enviarán una carta a la SNCF pidiendo la indemnización “de varios millones de euros” y dando un plazo de dos meses para responder. Sólo en caso de que la empresa pública de ferrocarriles rechace su petición, las familias acudirán a los tribunales.

La SNCF aseguró que las deportaciones de judíos se llevaban a cabo forzadas por las fuerzas de ocupación alemanas. Sin embargo, según la denuncia, la SNCF cobraba al Estado colaboracionista francés el precio de un billete de tercera clase por cada deportado que trasladaba en vagones de ganado.