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05/01/08 SOCIEDAD
La familia castrense sea unida.
La jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dictó la prisión preventiva para los dos prefectos por homicidio triplemente agravado en el caso en la muerte por envenenamiento del represor Febres. Sus familiares quedaron en libertad, pero también fueron procesados.
Por: Martín Rodríguez Rocha

La jueza Arroyo Salgado decidió procesar con prisión preventiva de los prefectos Rubén Iglesias y Angel Volpi, por homicidio triplemente agravado por concurso de dos o más personas, ya que consideró que ambos no cumplieron sus funciones al no haber garantizado la vida del ex sub prefecto Héctor Febres, a quien debían custodiar en dependencias de la Prefectura Naval pero que apareció muerto en su celda por ingesta de cianuro.

Por su parte, los familiares del represor, la viuda (Stella Maris Guevara) y sus hijos (Sonia y Ariel) quedaron en libertad pero también fueron procesados. En su caso por la figura de encubrimiento agravado por el vínculo.

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La resolución de la jueza se desencadenó anoche, cuando el prefecto Volpi brindó su ampliación de la declaración indagatoria, que había solicitado a través de su abogado. Al mismo tiempo, la magistrada espera por dos pericias importantes que determinarán si Febres fue dopado antes de morir y la segunda es una pericia informática sobre la computadora personal del represor, con el objetivo de establecer si la misma fue manipulada tras su fallecimiento y si contenía información que pudiera aportar datos sobre desapariciones de personas en la dictadura y los responsables.

El abogado integrante de la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y querellante, Rodolfo Yanzón celebró la medida. "Es una decisión que robustece nuestra hipótesis de homicidio que desde un principio sostuvimos y de la responsabilidad institucional de la Prefectura como institución y de sus hombres".

El ex subprefecto Héctor Febres había sido encontrado muerto en su celda el 10 de diciembre del año pasado, cuatro días antes de que se le dictara el veredicto en el juicio que se le seguía por la comisión delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Si bien en principio se informó que la causa de su muerte había sido por una falla cardíaca, la autopsia practicada sobre su cuerpo develó que había restos de cianuro en su organismo en cantidades suficientes para provocarle la muerte. También se aseguró que el veneno había sido ingerido por boca.

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