La Justicia civil de La Plata dictaminó a favor del grupo de jóvenes adictos a reincorporarse nuevamente a la obra social Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), y recibir el tratamiento de rehabilitación de adicciones solventado por dicha institución.

El problema se inició cuando la obra social IOMA dio de baja a 7 jóvenes adictos a diferentes sustancias, con lo cual el resultado obtenido fue, no sólo que estas personas no contaran con el tratamiento de rehabilitación necesario para poder dejar de drogarse, sino que se quedaron desprovistos de una cobertura médica básica e indispensable.

De esta manera, los padres de estos jóvenes con problemas de adicción a las drogas, se nuclearon en la ONG Nueva Esperanza, asociación que ante este hecho, que podría ser caratulado como discriminación, presentó un recurso de amparo ante la justicia de la Plata, reclamando la reincorporación de los jóvenes a la obra social y la cobertura económica del tratamiento de rehabilitación de adicciones.

El argumento brindado por IOMA acerca de la baja de los jóvenes adictos, fue que estos chicos no habían señalado el problema de adicción que padecían, a la hora de la entrevista de admisión a la obra social, es decir, que los dejó sin cobertura médica por considerar que no informaron, como debieron hacerlo, de su adicción en la ficha de afiliación.

Una característica distintiva de una persona adicta a las drogas, es su falta de conciencia o mejor dicho, de reconocimiento de su problema de adicción, frente a sí mismo y hacia los demás. En la mayoría de los casos son llevados a los centros de rehabilitación por sus familiares o por orden judicial. Resulta un poco ingenuo por parte de la obra social IOMA esperar a que un individuo con un trastorno de adicción de sustancias les confirme en la primer entrevista de filiación que es adicto a las drogas y por ese motivo, darle de baja a 7 personas por padecer problemas de adicción, trastorno psicopatológico reconocido y sumamente estudiado a nivel mundial.

“No innovar” fue la medida impuesta por el magistrado a cargo del juzgado, Héctor Lacomini, a la obra social IOMA, ya que se trata de un “derecho personalísimo como es la protección de la salud y por ende la integridad personal”, dice en el fallo.