La finalidad es la integración social, una suerte de "qué bonita vecindad" para intentar mejorar las relaciones entre los habitantes mapuches y las empresas que explotan el suelo en un campo cercano a Picún Leufú (100 kilómetros al sur de la ciudad de Neuquén). La defensa de los mapuches (Huenctru Trawel Leufú) encabezada por la familia Curruhuinca de la comunidad a raíz de la denuncia generó en las últimas semanas enfrentamientos violentos y cortes de ruta.
Tras haberse denunciado mutuamente, ya que los mapuches repudiaron la intromisión de la empresa en sus dominios y denunciaron que la firma apeló a desocupados para agredirlos y convalidar prácticas de usurpación; a la vez personal de la compañía denunció agresiones de los mapuches, el conflicto parece haberse atenuado.

Hace días la mediación del ministro de Gobierno, Educación y Cultura, Jorge Tobares, logró acercar y hacer firmar a las partes involucradas un acuerdo que "establece las bases para solucionar el conflicto intercultural que se presentó a raíz del uso de las tierras reclamado por la comunidad", según la información oficial del gobierno neuquino.
Aunque el término las partes recuerda a un juicio, y no está claro si cada uno de ellas se puede defender por sí mismas, en especial, la comunidad mapuche frente a la petrolera.

En este caso son dos modelos culturales los que están en conflicto y serán controlados por un orden exterior e imparcial ante la situación, que constituye el gobierno, y pareciera que el Gobierno dio respuesta al reclamo mapuche. Sin embargo, las tensiones que tuvieron su punto álgido en diciembre del año pasado con una casilla de la comunidad incendiada y operarios heridos, según las denuncias cruzadas de las partes, no tuvieron todavía solución judicial ni respuesta política.

Por el momento existe el compromiso por parte de la empresa de desistir de todas las acciones judiciales promovidas contra los integrantes de la comunidad. El conflicto tuvo respuesta, y la respuesta fue el compromiso social. Quizás resulte después del tiempo que pasó desde que surgió el problema una solución temporal y algo ambigua, según el comunicado gubernamental la finalidad, es "respetar, preservar y potenciar los valores culturales mapuches". Pero por sobre todo, "asegurar que la actividad de la petrolera se desarrolle bajo cánones de buena vecindad".

La Sociedad Anónima presidida por Obrador, es de Douglas Albrecht, un empresario norteamericano radicado en Argentina dueño del grupo Tapebicuá, que controla el 97 por ciento de Celulosa Argentina, además es uno de los accionistas mayoritarios de la cadena de farmacias Famacity, cofundador de la productora de biodiésel Patagonia Bioenergía y de la SFP Merchant Banking company, asociada al magnate húngaro norteamericano George Soros, según la información citada con exactitud publicada por Red Nacional de Medios Alternativos.

A esto se agrega que en una de las reuniones con los mapuches a la que la empresa no asistió en diciembre de 2007 la misma alcanzó al gobierno provincial una nota con la que dejaba en claro que "dicha supuesta comunidad no tiene reconocimiento nacional, ni provincial, en virtud de lo cual no existe, por el momento, posibilidad de considerar la normativa reservada, exclusivamente, para el Pueblo Mapuche en relación a los territorios que tradicionalmente han ocupado".

No sólo se debería dar respuesta a la historia reciente, aunque tensa y preocupante que el conflicto de la empresa con los mapuches retroalimenta constantemente sino que también el gobierno debe estar al tanto del avance de su propia mediación. En primer lugar queda tratar el tema acerca de si la compañía contamina o no, para lo cual la empresa deberá "presentar a la comunidad los estudios de impacto ambiental e informar detalladamente el tipo de trabajos de prospección a realizar", según fuentes oficiales.