La situación es delicada también en términos jurídicos, sin embargo, es un hecho sin precedentes a nivel internacional que combina la cooperación de los países involucrados y la diplomacia para poder hacer justicia y condenar al represor.

Luego de la confirmación de reextradicción que aceptó México, país en donde se lo capturó en el 2000 y luego fue entregado a las autoridades de España en 2003. Ahora Cavallo deberá responder por las cinco causas abiertas en la Argentina. La extradición se produce a tan sólo un mes de quedar en libertad en España, Cavallo estuvo en prisión en ese país desde el 2003, y tendrá que seguir preso en Argentina.

Mientras que las causas pendientes en Argentina acusan a Cavallo de privación de la libertad de numerosas personas y su sometimiento a condiciones inhumanas de vida, con torturas psíquicas y físicas. Por su parte, en España, a petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, lo investigan por genocidio y torturas.

Ante la exigencia de la defensa del propio procesado, la Audiencia Nacional concedió la remisión de la causa a las autoridades jurisdiccionales penales de Argentina, quienes han presentado solicitud formal de extradición.

Cavallo ha aceptado su extradición por lo tanto se simplificó su traslado. El represor sostuvo en todo momento que "es inocente o no está de acuerdo con los hechos que se le imputan por dichas autoridades argentinas".

El militar está implicado, directa o indirectamente, en la desaparición de 407 personas, entre ellas seis españoles, en el asesinato de siete y en las lesiones causadas a 152 detenidos más. Por lo cual la Fiscalía española pedía para Cavallo penas de entre 13.332 y 17.010 años de cárcel por delitos de genocidio.

El juez argentino Sergio Torres acusa a Cavallo de "imposición de tormentos cometido en forma reiterada y privación ilegal de la libertad", situación agravada por haber cometidos dichos delitos bajo su cargo de funcionario público, con explicito abuso en sus funciones.

Más allá de la cantidad de años que recibirá como pena, ahora se sabe que se lo condenará. Todavía sacude a la Justicia el fantasma de las leyes de amnistía argentinas. Los indultos decretados por el entonces presidente Carlos Menem en 1989 y 1990 dejaron en libertad a los pocos militares que habían sido condenados. Quizás se deba corregir lo dicho por la comisión de la verdad de Argentina, en su informe de 1984, donde nombró a 8.961 personas que desaparecieron durante la dictadura militar.

Sucintan algunas incertidumbres sobre lo qué pasará después del traslado del represor a la Argentina, sobre el comienzo del juicio por los crímenes de lesa humanidad que pesan por su rol en la ESMA - el cual debería empezar sin perder más tiempo- y cuál será la condena máxima que se le aplique en Argentina. Ya que algunas asociaciones defensoras de los derechos humanos, como Abuelas, cree que el represor llega a la Argentina con intención de aliviar la pena que le correspondería, y gozar de la prisión domiciliaria que le otorgaría la justicia argentina.