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El gobierno nacional, por intermedio del canciller
Jorge Taiana, presentó ayer una enérgica nota
de protesta formal al Reino Unido por el otorgamiento de áreas
de la plataforma continental argentina al norte de las Islas
Malvinas para realizar actividades hidrocarburíferas.
El canciller Taiana aseguró en ese sentido que "la
Argentina rechaza enérgicamente estas medidas unilaterales
que constituyen un acto ilícito tanto frente al derecho
argentino como al derecho internacional".
Taiana explicó que "el Gobierno argentino reafirmó
una vez más sus derechos soberanos sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, que forman parte de nuestro
territorio nacional".
El Ministerio de Relaciones Exteriores le entregó
formalmente ayer por la tarde a la Embajada del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Buenos Aires
una nota de protesta por lo que denominó "apertura
de la ronda de licencias".
Consideró a esta apertura como "ilegítimamente
convocada por el Reino Unido para realizar actividades hidrocarburíferas
en la plataforma continental sujetas a la soberanía
y jurisdicción de la República Argentina, en
áreas marítimas al norte de las Islas Malvinas
el 18 de abril pasado".
A través de un comunicado, Cancillería considera
que "esta enérgica protesta de nuestro país
ante esta acción unilateral británica responde
a la firme y constante política del Gobierno Nacional
ante la sucesión de acciones unilaterales británicas".
Destaca el escrito que esas acciones, "entre otros motivos,
llevaron a la Argentina a dar por terminada, el 27 de marzo
de 2007, la Declaración Conjunta argentino-británica
del 27 de septiembre de 1995, celebrada bajo fórmula
de salvaguardia de soberanía".
La fórmula se refería a la "Cooperación
sobre Actividades
Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental" relacionada
con la exploración y explotación de hidrocarburos
en el área sujeta a la disputa de soberanía.
La Cancillería reiteró "una vez más
que esta nueva acción unilateral del Reino Unido es
incompatible con lo establecido por las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas 2065 (XX), 3160 (XXVIII),
31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25".
Expresa que en estas resoluciones se "reconoce la existencia
de la disputa de soberanía, denominada la Cuestión
de las Islas Malvinas, e insta a los gobiernos de la República
Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte a que reanuden las negociaciones a fin de encontrar
a la mayor brevedad posible una solución pacífica
a la disputa".
Y puntualiza la resolución 31/49 de la Asamblea General
"que insta a las dos partes en la disputa a abstenerse
de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales
en la situación mientras las islas están atravesando
el proceso de negociación bilateral al que exhortan
reiteradamente las Naciones Unidas".
En otro orden, el documento de Cancillería especifica
que ante versiones que dieron cuenta de operaciones que estarían
efectuando compañías petroleras británicas
al norte de las Islas Malvinas, la Argentina reiteró
una vez más que esas actividades vienen siendo protestadas
formalmente al Reino Unido desde 2005.
Aclara además que esto sucede desde el momento en
que "el Gobierno argentino tomó conocimiento de
la pretensión británica de arrogarse ilegítimamente
la facultad de conceder licencias y autorizar actividades
hidrocarburíferas en áreas de nuestra plataforma
continental sin la debida autorización argentina".
Especifica que "el mecanismo de rechazo involucra varias
gestiones como protestas formales al Reino Unido y notas de
desaliento a todas las empresas, advirtiéndoles que,
por la ilicitud de su accionar, son pasibles de las sanciones
legales aplicables".
En ese marco, la Cancilleria finalizó diciendo que
"éstas acciones se complementan con gestiones
oficiales ante los países donde están radicadas
estas empresas, donde la Argentina transmite su preocupación
y rechazo a las autoridades correspondientes".
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