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Más allá de las ventajas económicas
del control público sobre las telecomunicaciones y
cuatro empresas petroleras, "capitalizadas" y privatizadas
por el neoliberalismo, los decretos del primero de mayo pasado
implican la esperanzadora recuperación del Estado nacional.
Las oligarquías de la "media luna" (Santa
Cruz, Tarija, Beni y Pando) habían vetado, en la práctica,
el ingreso del Jefe de Estado y sus ministros a las capitales
de sus departamentos. El despliegue de efectivos policiales
y militares en dependencias de la italiana Euro Telecom Internacional
(ETI) y de compañías del sector hidrocarburos,
a lo largo y ancho de la geografía patria, es un balón
de oxígeno en manos de un país asfixiado por
el separatismo y el indigenismo a ultranza.
Después del derrocamiento de Gonzalo Sánchez
de Lozada (GSL), en octubre de 2003, Mike Falcoff, asesor
del vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, vaticinó la
pronta desaparición de Bolivia del mapa sudamericano.
Su predicción estaba basada en la demencial liquidación
de empresas estratégicas que hizo el "gonismo",
lo que provocó la desmoralización ciudadana.
El holgado triunfo electoral de Evo Morales en diciembre de
2005 y la nacionalización de los hidrocarburos en mayo
de 2006, revirtieron lo anterior por pocos meses, ya que el
proyecto de Constitución Política del MAS, con
el reconocimiento de 36 naciones originarias, y la respuesta
de la cúpula cruceña, que aprobó un proyecto
de estatuto autonómico disgregador, hicieron que las
palabras de Falcoff volvieran a resonar en todas las regiones.
Lo anterior se vio agravado por el incumplimiento del Decreto
de Nacionalización, la no aplicación de las
auditorias a las transnacionales del petróleo y la
suscripción de contratos tan lesivos como los existentes
antes del gobierno del MAS, a los que el régimen vigente
les dio el respaldo legal del que carecían anteriormente.
En este contexto, al lograr que YPFB controle el 50 % mas
uno del paquete accionario de "Andina" (Repsol,
de España), de "Chaco" (Pan American Energy
de Argentina y British Petroleum de Inglaterra) y de Transredes
(de la anglo-norteamericana Enron-Shell, ahora Ashmore), así
con el 100 % de las acciones de la peruano-alemana Compañía
Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB), Evo ha colocado
a los autonomistas de Santa Cruz en la disyuntiva de apoyar
con su voto a las transnacionales afectadas por la decisión
de recuperar el patrimonio nacional o defender los intereses
históricos de la nación oprimida.
La recuperación de soberanía asumida por el
gobierno tiene limitaciones. Se trata, en realidad, de una
compra obligatoria de acciones, la que, en la mayoría
de los casos, determina que el precio de las mismas esté
sujeto a futuras negociaciones. Ha trascendido que las empresas
foráneas tendrán una cuota decisiva en los cargos
ejecutivos, que equivaldrá a un veto en el futuro manejo
empresarial. Por otra parte, es innegable que el gobierno
ha reiterado su sensibilidad social al fortalecer el fuero
sindical y disponer la solución de controversias laborales
de manera expeditiva.
Al ganar un tiempo precioso, el régimen vigente debería
comprender, sin embargo, que los excedentes procedentes de
los altos precios del gas y del petróleo no pueden
destinarse sólo al pago de bonos de beneficencias y,
lo que es peor, a préstamos a Bancos como el Lloyds
de Londres y el Santander Hispano, además de Transredes,
a un interés del 3 % anual, mientras el país
se presta al 8 % de la CAF.
Bolivia debería comenzar a ser gobernada con metas
estratégicas y no pensando, como hacen hasta ahora
oficialistas y opositores, de manera mezquina, en el próximo
referéndum o en las siguientes elecciones, en momentos
en que el Estado norteamericano, por ejemplo, ha invertido
300 mil millones de dólares en salvar al Banco de la
Reserva Federal, lo que demuestra que el neoliberalismo se
ha convertido en una prédica vacía.
Las señales de recuperación del casi agónico
Estado nacional deben transformase en una tendencia sostenida,
en la que se rescaten los postulados de la Nacionalización
de los Hidrocarburos de 2006, cuya aplicación fue frenada
por posiciones fundamentalistas a ultranza. Esos postulados
deben volver a aglutinar a los sectores productivos del país,
alrededor de empresas estratégicas estatales manejadas
con eficiencia y transparencia, que garanticen la vigencia
de autonomías regionales en el marco de la unidad nacional
y erradiquen las exclusiones que sufren las culturas originarias,
a fin de contar con un Estado nacional sólido, único
instrumento que tiene Bolivia para defenderse del imperialismo
y sus agentes internos.
Reiteramos que la recuperación mayoritaria y la compra
de acciones en empresas estatales estratégicas, así
como los decretos que favorecen a los trabajadores, como el
fortalecimiento del fuero sindical y la solución de
controversias laborales de manera expeditiva muestran que
el gobierno, da señales positivas Pese a las limitaciones
citadas, lo ocurrido demuestra que dentro del gobierno de
Evo existen tendencias que comprenden la imposibilidad de
defender al país con posturas separatistas y étnico-racistas
que niegan la existencia de la nación boliviana.
*Ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia
Recibido el 05-05-2008
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