Con mucha demora por la espera de los diputados afectados por los problemas de los vuelos, se trató la polémica Ley Antiterrorista pedida por el GAFI. El apuro en sancionar esta Ley cuestionada por todas las organizaciones de Derechos Humanos, hizo que el Congreso sesionara dos semanas seguidas, a pesar del acuerdo de funcionar cada quince días este año debido al calendario electoral.

El proyecto ya tenía media sanción del Senado, votado casi por unanimidad con la sola oposición del socialista Rubén Giustiniani. La norma incluye en nuestro Cógido Penal la figura del terrorista, quizás el tipo penal que más discusiones y rechazo produjo, ya que podría abarcar a las protestas sociales o políticas que ocurren en el país. En ese sentido, el texto del proyecto dice que la "asociación ilícita terrorista" deberá tener "un plan de acción para propagar el odio racial, étnico o político", estar organizada en "redes operativas internacionales", contar con "armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos" para poner en peligro la vida de "un número indeterminado de personas".

La diputada oficialista Rosario Romero, abrió el debate en el recinto explicando el proyecto y asegurando que esta ley no "vincula estas figuras (la de terrorista) a la protesta social o política" ya que se "trata de un tipo penal tan definido que detalla las acciones que se deben dar". La iniciativa recibió modificaciones al dictamen del Senado en Comisión, pero en el recinto el oficialismo no se aceptó mas retoques a la Ley. Romero justificó el proyecto en que el país "debe tipificar la figura del terrorismo" y "debemos tener herramientas jurídicas para responder".

>>> Para el macrismo no es "pro".
Desde el PRO, la diputada Nora Ginzburg manifestó la oposición de su bloque ya que para ellos no se cumple "con las leyes internacionales". Puso algunos extraños ejemplos como que en la definición de las armas que menciona la Ley no están incluidas las "ballestas". Luego, Federico Pinedo fue más explícito y agregó que "hace falta el tipo penal" del terrorista, pero fundamentó la negativa de su bancada en el desacuerdo por la redacción final del texto. Sorprendió el diputado cuando saludó la presencia en la Cámara de Patricia Walsh "que nos honra" y luego coincidió con el diputado de izquierda, Carlos Tinnirello, en que "no se castiga el financiamiento ilegal de actos de terrorismo de Estado", lo cual produjo risas entre varios legisladores.

>>> La UCR apoya.
La UCR apoyó el proyecto. El diputado Beccani dijo que era "necesario un firme compromiso de Argentina" en la materia. Y se manifestó "convencido de que esta Ley no va a reprimir la protesta social", también llamó a confiar en el Poder Judicial a la hora de aplicar la norma. Por último, condenó la "hipocresía" de los países que posibilitan la financiación del terrorismo mediante los paraísos fiscales. También apoyó el proyecto el Justicialismo Nacional, los peronistas no alineados al oficialismo.

>>> Los que no la votaron.
El ARI, el partido que fuera de Elisa Carrió, no dio quorum pero ingresó al recinto una vez éste se logró. Criticaron la Ley ya que dijeron que no es necesaria ya "cuesta imaginar algún delito contra el orden público que no esté en el Código Penal" argentino. Acusaron al proyecto de violar el "artículo 19 de la Constitución Nacional" y por no ser "coherente con la política de Derechos Humanos del gobierno".
Desde el socialismo reiteraron la postura que tuvieron en el Senado a través del senador Giustiniani y votaron en contra. La diputada Laura Sesma recordó su oposición al terrorismo y a favor de su combate, pero dijo que "creemos que este proyecto no es una herramienta eficaz para combatir el terrorismo en el país". Volvió a repetir los argumentos sobre inconstitucionalidad que esgrimieron organismos de derechos humanos y advirtió que la "tipificación (de la figura de terrorista) debe ser precisa, ya que del proyecto surge que se define de forma ambigua un delito penal".
Miguel Bonasso, también en contra, rescató la "buena intención" del gobierno pero se opuso recordando el informe del CELS (Centro de Estudios legales y sociales) que habló de "inconsistencia y ambigüedad" en la redacción del proyecto y volvió a mencionar que en el país "tenemos reglas claras en la materia".

La votación fue 102 a 35, la Ley quedó sancionada. La penas para los que formen organizaciones terroristas será de reclusión o prisión de cinco a veinte años, para los organizadores el mínimo es de diez años y prisión de cinco a quince años más multas para los que financien.
Y así fue como el país evitó un reto internacional.

>>> Las opiniones.
Consultado por este medio, el constitucionalista Daniel Sabsay opinó sobre las circunstancias en que esta ley se aprueba en nuestro país: "Cuando se trata de la lucha contra el terrorismo, uno, desde una óptica democrática, no puede dejar de tomarlo como algo positivo. Lo que a uno le choca es esta especie de 'chantaje', de las potencias centrales, a partir del cual se impone este texto... Eso de alguna manera contradice lo anterior. Uno tiene como un sentimiento ambiguo. Sabe que es necesario luchar contra el terrorismo, pero ve que es una imposición de los más fuertes".
Y agregó que "el terrorismo es una actividad que se lleva a través de actos muy claros" y "que son diferentes a los que el Código ya prevé".

Por su parte, el director del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Gastón Chillier, explicó la postura de ésa entidad: "El CELS no objeta la creación de una figura penal para reprimir delitos asociados al terrorismo, pero considera que la solución propuesta abre la puerta a la arbitrariedad en su utilización. Con esta ley podría ser criminalizada la pertenencia a asociaciones delictivas tales como las redes de trata de personas -cuyas acciones en nada se asemejan a la comisión de actos terroristas-, o a una agrupación política o social que hubiera participado de alguna protesta en el marco de la cual se cometieran delitos comunes".

Reiterando una de las objeciones que muchas organizaciones también expresaron, Chillier agregó que "la ley no sólo resulta incompatible con los desarrollos del derecho internacional en materia de incriminación de "actos terroristas", sino que vulnera a su vez, parámetros constitucionales fundamentales que constituyen principios esenciales de todo Estado de Derecho" y coincidió con las protestas de varios diputados opositores que criticaron la velocidad con que se trató el proyecto, "porque impidió la posibilidad de profundizar la discusión de un tema tan complejo como significativo para el futuro".-