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Con el patrocinio de la ADC, una persona discapacitada -Antonieta Aviani, que utiliza una silla de ruedas- inició una acción de amparo para que las estaciones de la red de subterráneos sean readecuadas para el acceso de personas con movilidad reducida. La jueza federal Liliana Heiland, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal No. 10, ordenó a Metrovías y al Estado Nacional a que, en un plazo de 6 meses, “provean todo lo necesario para la elaboración y aprobación de los planes de obra pendientes” para la readecuación de las estaciones de subterráneos a las necesidades de las personas con discapacidad; y “fijando términos razonables de finalización”. Asimismo, exhortó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, a “fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a Metrovías”.

En su fallo, la jueza consideró que “existe profusa e importante normativa sobre la libre accesibilidad de los usuarios discapacitados en materia de transporte”. Tanto la Constitución Nacional como diversos tratados internacionales protegen los derechos de los discapacitados. En el fallo se establece que “la ley 22.431 instituyó un ’sistema de protección integral de las personas discapacitadas’, tendiente a abarcar todos los aspectos relativos a su situación dentro de la sociedad. En concreto, tendió a ‘concederles franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca’ dándoles la oportunidad ‘de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales’”. Dicha ley especifica el deber de suprimir barreras físicas, arquitectónicas y de transporte.

El decreto reglamentario data de 1997 y señala que las empresas responsables del transporte de subterráneos de pasajeros deberán iniciar la adecuación de las estaciones, sus instalaciones y equipamiento existentes… a partir de los seis meses de entrada en vigencia de la presente reglamentación y que deberán completarlos en un plazo no superior a los tres años para que el servicio pueda ser utilizado por personas con movilidad y comunicación reducidas, especialmente para los usuarios en sillas de ruedas. La jueza Heiland remarcó que los plazos establecidos en el decreto 914 de 1997 se encuentran ampliamente vencidos e individualizó a Metrovías como obligada a la adecuación de las estaciones. A su vez, consideró que “si se hubiera cumplido en tiempo con las leyes mencionadas este juicio no hubiera existido”.

El fallo pone de manifiesto que tanto Metrovías, como concesionario y el Estado Nacional, como concedente y obligado por el principio de subsidiariedad recalcado en la ley 22.431 han incumplido con su obligación de adaptar el servicio público de subterráneos eliminando barreras, a su vez la CNRT omitió cumplir con su deber de fiscalizar los incumplimientos del operador.

En la actualidad de un total de 68 estaciones que componen la red de subterráneos de Buenos Aires, sólo 7 son accesibles para personas con movilidad reducida. Ellas son las estaciones Acoyte de la línea A, Tronador y Av. de los Incas de la línea B, y las estaciones Tribunales, Facultad de Medicina, Juramento y Congreso de Tucumán de la línea D y cuatro estaciones más están en obra para adecuarlas y estarían listas en marzo de 2008. Son las siguientes: Catedral y Callao de la línea D, y Callao y Uruguay de la línea B.-