El diario La Voz del Interior de Córdoba, propiedad de Clarín (85%) y La Nación (15%) impidió las negociaciones salariales con los trabajadores de prensa, logró que un fiscal procese a cuatro de ellos penalmente por reclamar. Exigió además que se quite la tutela sindical a integrantes del gremio para poder despedirlos.

Las garantías constitucionales avasalladas, en medio del obvio silencio de los medios, las intimidaciones y ataques a la libertad sindical y de expresión: la lógica monopólica frente a la que el gobierno no actúa mientras se habla “pacto social”.

“Reclamar no es una acción delictiva” se ve obligado a aclarar Javier De Pascuale, cuando explica la situación por la que está pasando el Círculo del Sindicato de Prensa de Córdoba (CISPREN).

“Es nuevo que a los periodistas nos imputen por piqueteros, pero tenemos a cuatro compañeros procesados por el artículo 194 del Código Penal por reclamar en el espacio público por nuestros derechos, frente al boicot de La Voz del Interior a todo intento de negociación salarial, y además piden que les quiten sus garantías gremiales para poder despedirlos del diario”.

El artículo 194 es el que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien”sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

El fiscal Javier Praddaude, desmintiendo que la justicia sea lenta (cuando de estos monopolios se trata) imputó a Guido Dreizik (secretario general del CISPREN), Esteban Liendo (prosecretario gremial), Walter Moyano (delegado de La Voz del Interior) y Daniel Klorcker (editor de Prensared, la agencia de noticias del CISPREN) por el artículo 194. Luego el diario pidió a la justicia que excluya a tres de ellos (Dreizik, Liendo y Moyano, que trabajan en La Voz del Interior) la tutela sindical que impide que sean despedidos.

El fondo del problema, según lo plantea el CISPREN, es “un nuevo e ilegítimo intento e judicializar el reclamo salarial y las medidas de acción que el sindicato formula en ejercicio de la libertad sindical y en abierta violación a las garantías constitucionales en la materia”. El sindicato, además, precisó que todo esto en el fondo “es un modo de desviar el eje de discusión de la ostensible realidad de que estas empresas mientras perciben ganancias extraordinarias, pagan salarios de hambre”.

¿De quién es el espacio público?
“En marzo habíamos comenzado las negociaciones con la cámara de empresas periodísticas que es un grupo siempre liderado por el diario La Voz del Interior, que es la empresa más grande” explica De Pascuale. “De siete empresas, cinco querían cerrar un acuerdo con el CISPREN, pero el diario empezó a operar para frenar ese acuerdo hace tres meses”.

“Operar” significa que el tamaño mismo de la empresa en Córdoba hace que las demás la sigan en sus decisiones. No se trata de “desacuerdos” en este caso, sino que La Voz del Interior no aceptó negociación salarial alguna, e impidió que las otras empresas acordaran.

Los trabajadores decidieron llevar a cabo algunas medidas como asambleas y paros parciales (de dos horas), y finalmente el viernes 29 de junio se hizo una protesta reclamando aumento salarial frente a la sede del diario. “Lo hicimos muy premeditadamente, de 1 a 3 de la mañana. Cortamos la calle totalmente durante media hora a lo sumo, y apenas llegó la policía el corte se hizo parcial y siguió habiendo flujo de tránsito. Pero la propia protesta atrasó la edición nochera del diario y atrasó la salida de las camionetas a otras provincias y puntos del interior de Córdoba. Lo impedimos, y boicoteamos la posibilidad de que llegara a horario”.

¿Por qué? “Porque consideramos injusto que una empresa estuviera boicoteando y esterilizando todas las discusiones. Evaluamos la medida y pensamos que es parte de la protesta social y gremial. El espacio público es el único con el que cuentan los trabajadores para protestar”.

Ese mismo día el grupo Clarín consiguió que el ministerio de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria, y que el fiscal Praddaude imputara penalmente a los trabajadores. La Voz del Interior, debe recordarse, ya no tiene al socio español y ha quedado en manos de Clarín en un 85% y La Nación, 15%.

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Los trabajadores reclamaban 2.200 pesos como básico, pero había un preacuerdo con las otras empresas de 2.000. “De siete empresas, cinco querían el acuerdo. Las dos que se negaron son las monopólicas” explica de Pascuale. “La que lidera es obviamente La Voz del Interior, que tiene el 70% del mercado (pude agregarse que otro de los diarios, Día a Día, también pertenece a Clarín). Y Cadena 3 es la radio que reúne al 70% de audiencia, un fenómeno inédito en cualquier gran ciudad. Entre ambos tienen todo el poder para que las empresas más pequeñas no saquen los pies del plato”.

Una de las estrategias del grupo empresario fue desconocer la “nueva” formación del CISPREN, fusión del Sindicato de Prensa, el Círculo de Prensa y la Asociación de periodistas de Río Cuarto efectivizada hace 27 años.

El contexto, según De Pascuale, es el siguiente: “Nosotros venimos hace dos años reconstruyndo la fuerza gremial, que había sido destruida en los 90. Lo hacemos con un estilo nuevo. A las paritarias no van los dirigentes del gremio, sino todos los compañeros. Discutimos con los empresarios en grupos de 30 o 35 trabajadores. Hacemos asambleas de todo el gremio prácticamente cada 15 días. Vamos al paso del más lento, par ir todos juntos”.

Una de las decisiones tomadas de ese modo fue reconocer la caída salarial y reconocer también que hay un esquema nacional donde el virtual ministro de Trabajo Hugo Moyano “pone un techo del 19 % a las negociaciones”. En Córdoba decidieron ignorar ese corset, y el reclamo era por el 40% con opción a cerrar por el 24% (los 2.000 pesos de básico). “Somos un gremio de tradición combativa, pero también tenemos tradición de seriedad y cuando pactamos las cosas las respetamos. Es nuevo que nos consideren piqueteros a los periodistas, pero a este estado de cosas nos empuja la intransigencia de estos empresarios” dice De Pascuale.

El ejemplo de la arbitrariedad de las imputaciones es el mismo Javier, secretario de cultura del CISPREN, que trabaja en el diario Comercio y Justicia y fue orador en el acto criminalizado, con fotos y demás. Sin embargo a él no lo imputaron, cosa que sí hicieron con trabajadores de La Voz del Interior que, en algún caso, ni siquiera participaban de la medida.

Las patronales ahora están impidiendo la realización de asambleas, amenazan con descuentos salariales y consideran que cualquier reunión de los trabajadores constituye en sí misma una medida de fuerza. De Pascuale: “No somos un gremio loco ni trosco, tenemos una acción bien democrática, queremos que se garantice la libertad sindical y de expresión porque además este conflicto ha sido absolutamente silenciado por los medios. Vamos de a poco. Nuestro objetivo sigue siendo recuperar el salario que baja día a día, y estamos discutiendo qué medidas tomar. Van a ser las que decidamos entre todos”.-