La iniciativa surgió luego del conflicto con Uruguay por la instalación de las pasteras en aquel país, lo cual motivó realizar una norma para las papeleras argentinas que garantice la protección del ambiente, los recursos naturales y la salud humana y promover el desarrollo sustentable del sector industrial, a la vez que apunta a minimizar la contaminación del ambiente.

El proyecto de ley pertenece a la diputada por entre Ríos Blanca Osuna (Frente para la Victoria) y busca la eliminación de la emisión de dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados en las plantas de fabricación de celulosa y de papel.

Pero en la reunión conjunta de ayer, la diputada quiso que se incorporen al texto dos anexos que habrían sido consensuados con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y que fueron rechazados por la mayoría de los legisladores presentes por sus especificaciones técnicas y su extensión, lo cual ameritaría a estudiarlo y posponer el dictamen poniendo en peligro su tratamiento sobre tablas antes del recambio de legisladores.

El proyecto original, sin los anexos propuestos ayer, estipula que no se autorizará la instalación de plantas de fabricación de celulosa y papel ni la ampliación de las existentes si sus procesos y tecnologías ocasionan la emisión de dioxinas o furanos, ya sea en las emisiones finales o en los procesos intermedios, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos persistentes, aprobado por la ley 26.011.

Rechazado el planteo de incorporación de los anexos, que para los diputados Miguel Bonasso (presidente de la Comisión de Recursos Naturales) y Mabel Müller los debe reglamentar el Poder Ejecutivo ya que “aquí se legisla”, se decidió que los asesores estudien el dictamen el viernes y se convocó para que el martes, en una nueva reunión conjunta, se proceda a la firma.