Después de que la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades constitucionales (ratificadas incluso por un reciente fallo judicial), impidiera el ingreso del torturador confeso Luis Abelardo Patti al Congreso, se hizo evidente la necesidad de evitar que casos similares se puedan volver a producir con personas sospechadas de cometer crímenes de lesa humanidad. Para eso el bloque del ARI en Diputados elaboró un proyecto que reforma el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos. Los detalles de dicha iniciativa son explicados por la diputada Marcela Rodríguez.

- En qué consiste este proyecto de reforma del Art. 33 de partidos políticos y cómo se aplicaría en la práctica?
- Lo que se pretende es que aquellas personas que estuvieron involucradas en hechos que son violaciones graves de los derechos humanos que implican crímenes de lesa humanidad, no puedan ser candidatos a cargos electivos. O sea, que no puedan formar parte de las listas.

- Esta sería la aplicación práctica...
- Así es, en caso de que existan pruebas suficientes de su participación en hechos que son supuestos muy excepcionales; se trataría de crímenes de lesa humanidad. Para todos los demás casos ya existe una regulación y consiste en que se exige una condena judicial. Ocurre que en nuestro país rigieron por años las leyes de impunidad y por lo tanto los que ya deberían haber tenido condena judicial están en procesos. Así tuvimos casos como el de Patti, o los beneficiados por indultos. De esta forma quedarían estos casos previstos y no habría necesidad de tratarlos en la Cámara, que sigue teniendo las potestades para regular a los miembros, pero así no participan de la contienda electoral.
Un estado de derecho no puede permitir que quien cometió crímenes de lesa humanidad participe de las reglas de juego del sistema democrático. Teniendo que garantizar los derechos de los ciudadanos.

- En qué estado se encuentra el proyecto?
- Está en Comisión de Asuntos Constitucionales. Hay consenso de algunos partidos sobre el principio general, algunos que dicen que "no", porque están en desacuerdo con la idea de que pueda haber un requisito de esta índole sin condena, invocando el Pacto de San José de Costa Rica y que se estaría violando, lo cual no es cierto, porque el propio organismo encargado del monitoreo de la interpretación del Pacto, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho en un caso similar en Guatemala, que no había violación de la Convención.

- Esta demorado...
- Sí, había empezado con un empuje inicial muy fuerte.

- Como usted mencionó recién, hay algunos diputados consideran que este proyecto violaría la presunción de inocencia...
- Nosotros decimos que esto es sólo para los casos de crímenes de lesa humanidad. Lo de la presunción de inocencia, en realidad tiene que ver con una cuestión penal, pero que se tomen requisitos para acceder a determinados cargos, no violenta la presunción de inocencia. Además dicen que no hay condena y que sólo se piden pruebas suficientes, pero es cierto que no pedimos condena pero estamos utilizando la misma terminología de los órganos de Naciones Unidas, que en el año 1995 y 2000 hizo dos recomendaciones para que se retiraran los miembros de las Fuerzas Armadas de la administración pública, que participaron de hechos graves en la dictadura. También hubo palabras como pruebas suficientes en otros estatutos por la Argentina, como el Estatuto de Roma. Por eso hay fundamentos sólidos.