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Diferentes
organismos defensores de los derechos humanos presentaron
el último día 20 de este mes, ante la Justicia
porteña, un pedido de hábeas corpus colectivo
para que poco menos de 60 chicos detenidos, por causas no
penales en el Instituto de Menores San Martín, del
barrio de Parque Chacabuco, sean liberados.
Mediante
este habeas corpus se solicitó que se declare la ilegitimidad
de las privaciones de libertad denunciadas y se ordene tanto
al Poder Ejecutivo nacional como al de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que desarrollen un plan de liberación
e incorporación progresiva en alguna de las medidas
de protección del sistema de protección integral
de derechos que surge de la legislación vigente.
En
la presentación judicial se destaca la ilegal situación
jurídica de los jóvenes no punibles - menores
de dieciséis años - ya que si bien el régimen
penal de la minoridad establece que "no es punible el
menor que no haya cumplido dieciséis años de
edad", paradójicamente el mismo artículo,
establece la posibilidad de disponer de estos jóvenes
si se encuentran en "situación de abandono"
o en "peligro moral o material", según la
impresión personal y discrecional del juez. Esta disposición
tutelar es dictada por tiempo indeterminado e implica, como
en el caso de los jóvenes objeto de esta acción,
privación de libertad.
"Esta
situación es manifiestamente ilegítima, ya que
no responde ni a una prisión preventiva ni a una condena
firme, y al tratarse de medidas supuestamente proteccionistas,
no se respetan las garantías procesales que toda persona
posee, vulnerándose el principio de legalidad penal,
el principio de culpabilidad, el principio de inocencia y
el derecho a un juicio previo, entre otras garantías
básicas de un Estado de Derecho como el que nos rige"
explicó Emilio García Méndez, presidente
de la Fundación Sur Argentina.
El
pedido fue hecho por la Fundación Sur Argentina, junto
con el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, el Comité de Seguimiento
y Aplicación de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, el Programa "Abogados
por los Pibes" de la Asociación Amanecer y el
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penal y Sociales.
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