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El
informe fue presentado en el Colegio de Abogados de La Plata,
en un acto al que asistió el juez de la Corte Suprema,
Eugenio Zaffaroni, y el jurista Roberto Bergalli, de la Universidad
de Barcelona.
Para denunciar las violaciones
a los derechos humanos, el documento del Comité
se basa en 151 casos testigos, 41 de ellos correspondientes
a personas que fallecieron quemadas en distintos lugares de
detención en la Provincia de Buenos Aires, 36
muertos en cárceles, cuatro en comisarías
y uno en un instituto de menores. Además de ocho
casos de personas que se suicidaron en forma dudosa.
El informe también
toma siete casos de presos que murieron por enfermedades
con nula o deficiente asistencia médica, y pruebas
de cómo en las cárceles aún se tortura:
hay casos en los que se utilizó picana eléctrica,
además de otros que prueban tratos crueles e inhumanos.
Las políticas aplicadas por la presión de
Juan Carlos Blumberg son la causa principal de estos atropellos.
Según el informe, el uso de la prisión
preventiva como pena anticipada y por términos excesivamente
prolongados, ha sido una de las razones principales del aumento
sostenido de la población carcelaria".
"Las cárceles
de la provincia de Buenos Aires se llenan de jóvenes,
morochos y pobres de barrios excluidos detenidos mayoritariamente
por cometer delitos contra la propiedad. Los delitos de corrupción
o de guante blanco en general no tienen sanción así
como tampoco los que cometen personas provenientes de clases
altas", sostiene. Y detalla que "desde el año
2000 al 2005 la cantidad de detenidos en cárceles bonaerenses
se incrementó en un 65,2 por ciento, al pasar de 15.012
a 24.802 personas". En comisarías, de 1998
a 2006, el incremento fue del 64 por ciento ya que pasó
de 2.866 detenidos a 4.431 con un pico de 7507 en el 2002.
"La curva o línea
de delitos contra la propiedad está directamente vinculada
con la desocupación de grandes sectores de la población.
La estadística de la evolución del delito, comparada
con la del crecimiento de la población carcelaria así
lo corroboran", dice el Comité.
"En las cárceles
las condiciones de detención siguen siendo indignas
y permanece vigente un sistema perverso de violencia ilegal
en cuya base de reproducción está la impunidad.
Existe hacinamiento en cárceles y comisarías",
concluye.
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