Gerardo Morales (UCR-Jujuy).

A continuación reproducimos la carta remitida por Gerardo Morales a Greenpeace.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2007.-

Señor Director
Martín Prieto
Señor Coordinador Campaña
Hernán Giardini
Señores y señoras
GREENPEACE Argentina

BUENOS AIRES

Estamos de acuerdo con este debate y con este subtema,
en el sentido de que tengamos una política nacional armónica,
con ordenamiento territorial. Así mismo, somos contestes en que las provincias
y la Nación nos comprometamos a poner en marcha reglas comunes,
para cumplir con el ordenamiento territorial, el impacto ambiental,
el régimen de sanciones e infracciones y la asunción de responsabilidad,
que son en definitiva los capítulos que desarrolla la normativa en estudio.

Atento a la información distribuida por la institución que usted preside acerca de mi posición frente al tratamiento de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (CD-3/07) en el Senado de la Nación, solicito tenga la amabilidad de rectificar la misma.

Desde el ingreso a la Cámara alta de la sanción de la Cámara de Diputados de la citada iniciativa, y desde mucho antes también, he hecho pública mi visión sobre éste, uno de los temas más importantes en la agenda política de nuestro país.

Como Senador nacional por la provincia de Jujuy, he participado de las diferentes reuniones de Comisión o plenarios de Comisiones convocados para el análisis de dicha sanción junto a los proyectos relacionados de los propios senadores nacionales. Además, he hecho uso de la palabra en el debate en general que se desarrolló el pasado miércoles 14 del corriente en el Recinto, siendo mi posición tomada por los medios de prensa que cubrieron la oportunidad.

Al respecto, y solo para sintetizar, voy a citar tres oportunidades en donde reseñé mi posición, las que además han sido reproducidas por diferentes medios de prensa en todo el país.

1.- En tanto candidato a vicepresidente de la Nación por la Concertación UNA Nación Avanzada, junto al candidato a la primera magistratura, Roberto Lavagna, presentamos el capítulo “Ambiente”, en Puerto Iguazú el pasado 13 de Septiembre como parte del plan de gobierno con vistas a las últimas elecciones presidenciales.

“El crecimiento económico debe ir acompañado de políticas que aseguren un uso sustentable de los recursos naturales y el ambiente para poder satisfacer las necesidades de los argentinos tanto como de las futuras generaciones de argentinos.

“Uno de los mayores problemas hoy es la falta de ordenamiento territorial, la cual, por ejemplo, permite el avance de la frontera agropecuaria a costa del bosque nativo. En los últimos 17 años se han perdido más de cinco millones de hectáreas de bosque nativo y se han incrementado significativamente las áreas erosionadas. Este hecho, sumado al fenómeno del cambio climático que genera una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos, tales como inundaciones, tornados, etc. pone de manifiesto la necesidad de contar con un ordenamiento territorial racional y con visión de futuro.

“En un estado federal como el nuestro, la Constitución delega en la Nación y en las Provincias potestades concurrentes para asegurar el establecimiento de presupuestos mínimos de protección ambiental que deben ser armónicos en todo el territorio nacional. No se puede admitir que haya ciudadanos con servicios del primer mundo mientras otros se envenenan con agua contaminada por material orgánico o metales pesados. (…)”

2.- El pasado 16 de Octubre, al informarme de la convocatoria a conferencia de prensa del titular del bloque del Frente para la Victoria junto a la secretaria de Medio Ambiente sobre el tratamiento del proyecto comuniqué a la prensa y a su organización a través de la gacetilla que sigue:

“´Es necesario legislar para frenar la explotación irracional y proteger los bosques de todo el país´, aseguró el candidato a vicepresidente de UNA Nación Avanzada Gerardo Morales en Tucumán, esta mañana martes 16 de octubre, consultado sobre la sanción de la norma que solicitan un grupo de organizaciones de la comunidad.

“´Lo de esta tarde, es otra muestra de la hipocresía del kirchnerista Pichetto que muestra que la llegada de las elecciones lo vuelve racional. Lamentamos recordar que él mismo ha sido quien postergo el tratamiento cuando el Senado consideró una preferencia con despacho de comisión sobre la ley de bosques, y que hemos acompañado desde el bloque Radical´, explicó.

“El senador nacional agregó que ´es urgente y necesaria una ley de protección de los bosques. Por eso, acompañamos la sanción de la Cámara de Diputados pero con unas modificaciones que tienen que ver con la constitucionalidad de la norma´.

“´Por eso es fundamental que no se postergue mas el debate. Ya que el oficialismo es el principal responsable de que el Senado no debata temas de tanta envergadura como la ley de bosques o las reformas a la ley de contrato de trabajo, entre otras´, fundamentó Morales.

3.- Los párrafos centrales de mi discurso ante el pleno de los senadores nacionales en la sesión del pasado 14 de noviembre, también dejan clara mi posición sobre el proyecto de ley en tratamiento.

“Me parece que este tema trae al debate muchas cuestiones. En primer lugar, quiero señalar que la posición de nuestro bloque es acompañar y aprobar este proyecto, que desde ya es una buena iniciativa. Nosotros hemos firmado el dictamen en disidencia parcial, porque existen algunos aspectos que en el debate en particular vamos a plantear (…)

“Esta batalla se viene ganando, aunque los ciudadanos de Gualeguaychú no lo crean. No se qué terminará ocurriendo con Botnia; en definitiva, desde que se puso allí el primer ladrillo, supimos que se quedaría. Pero cuando fui a Gualeguaychú dije, personalmente, que los vecinos de esa ciudad han ganado una batalla cultural, porque a partir de toda su lucha la sociedad argentina ha comenzado a pensar, seriamente, en la protección del medio ambiente. Por lo menos ahora, en mi provincia, ocurren situaciones que antes no se producían y ahora sí, con relación a un mayor cuidado del impacto ambiental sobre distintas situaciones de la vida activa. Entonces, creo que estamos frente a una batalla cultural que se está ganando. Y este es un capítulo que tiene que ver con los presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos.

“Por otra parte, también tendremos que discutir el tema de la soja y de algunos productos que son intensivos pero que, en verdad, no generan mano de obra intensiva, más allá de que producen muchos recursos. En algún momento, habrá que discutir cuál es el límite en tal sentido. Inclusive, durante el transcurso de la campaña electoral nosotros planteamos, en nuestra propuesta económica, que íbamos a mantener altas las retenciones a la soja, con un esquema de coparticipación en materia de retención a las exportaciones. Y dijimos que, gradualmente, hasta que se consolidara el frente fiscal que hoy vemos debilitado, habría que pensar en reducir paulatinamente las retenciones de los productos regionales con mano de obra intensiva como la yerba, las frutas, las hortalizas, la leche —que está por encima del 50 por ciento—, el tabaco —que tiene el 10 por ciento—, etcétera. Es decir, nos referimos a productos que requieren mano de obra intensiva.

“A su vez, en algún momento tendremos que debatir también sobre el límite de los "pool" de siembra, que están destruyendo a los pequeños productores, no generan rotación y agotan los suelos. En ese sentido, el señor senador Taffarel planteó (oportunamente) una iniciativa que tiene que ver también con el cuidado de los suelos, como otro capítulo de la protección del medio ambiente. También tendríamos que discutir cómo afectan al medio ambiente los parques industriales, particularmente en la Capital Federal, y el hecho de que el 90 por ciento de la contaminación ambiental de la Capital Federal sea provocado por el tránsito vehicular. Hay más de un millón seiscientos mil autos, cuarenta mil taxis, diez mil colectivos. Y cuando empezamos a ver las sanciones de la autoridad de aplicación, la CNRT, por un lado, y la autoridad de aplicación del Gobierno de la Ciudad, por el otro, comprobamos que se aplicaron para el año pasado, por ejemplo, doscientas cincuenta multas a los colectivos y cuatrocientas multas a las autoridades de aplicación local, por las emanaciones de gases de los colectivos. Vamos a tener que debatir todos los capítulos que se relacionan con la contaminación ambiental, fundamentalmente con los que están destruyendo el medio ambiente.

“Acá viene el debate particular de esto que es un aporte de las provincias. Nosotros somos representantes federales —yo represento a la provincia de Jujuy, aunque estoy brindando este informe en nombre de la mayoría de nuestro bloque— y seguramente todas las provincias tendrán que expresarse con relación a cómo aportarán a la protección del ambiente.

“Creo que nosotros estamos de acuerdo con el debate de este tema, que es un subtema dentro de una política ambiental nacional. Y lo estamos con relación a las definiciones específicas, puntuales y obligaciones que debamos tener las provincias en el marco de una política nacional para producir el ordenamiento territorial y así cumplir con las normas referidas al impacto ambiental, lo que no deja de implicar un renunciamiento de las facultades y potestades que tienen las provincias en el marco de la administración de los recursos naturales que les son propios; y me refiero a los bosques nativos, que por la reforma de 1994 le pertenecen exclusivamente a los estados provinciales.

Entonces, en general, estamos de acuerdo con este debate y con este subtema, en el sentido de que tengamos una política nacional armónica, con ordenamiento territorial. Así mismo, somos contestes en que las provincias y la Nación nos comprometamos a poner en marcha reglas comunes, para cumplir con el ordenamiento territorial, el impacto ambiental, el régimen de sanciones e infracciones y la asunción de responsabilidad, que son en definitiva los capítulos que desarrolla la normativa en estudio.

Y creo que acá hay un aporte de las provincias, que con un alto grado de responsabilidad han hecho cosas. En el caso de Jujuy, por ejemplo, el ordenamiento territorial ya lo tiene aprobado por decreto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en mi provincia nosotros no necesitábamos de este proyecto de ley para generar un avance en algo que está planteando concretamente la iniciativa en tratamiento.

La normativa provincial se ha generado entre el Poder Ejecutivo de Jujuy y las organizaciones de la sociedad civil ProYunga, Asociación Foresto Industrial de Jujuy, Facultad de Ciencias Agrarias, Unión Industrial de Jujuy, la Unión Cañeros Independientes, Administración de Parques Nacionales, INTA, Greenpeace Argentina, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Todas estas instituciones han trabajado para producir un reordenamiento territorial en mi provincia, que ya tiene las categorías: 1, rojo; 2, amarillo; y 3, verde, para que se pueda avanzar eventualmente en zonas donde no pueda haber desmonte y sí aprovechamiento sustentable.

“Considero que este espacio que nos damos para el debate de este subtema tiene que ver con el aporte que las jurisdicciones van a hacer a este plan nacional, que va a permitir el ordenamiento territorial con el objeto de preservar los bosques nativos. Pero hay varios puntos que quiero dejar planteados y que tienen que ver con los temas que vamos a debatir en el tratamiento en particular de la iniciativa. Uno tiene que ver con la moratoria.

“(…) Acá llegamos con un dictamen sobre el que ha trabajado básicamente la comisión, que es el predictamen que ha generado la participación de distintos sectores y que caracteriza a nuestro Senado, que ha modificado sustancialmente la sanción de la Cámara de Diputados. Es decir que la base sobre la cual estamos trabajando es el predictamen de la Comisión, que incluye algunos aspectos positivos que ha traído la sanción de la otra Cámara, como es el capítulo referido al impacto ambiental y el tema de las audiencias públicas, que no estaban previstas originariamente.

Básicamente, en términos de técnica legislativa y en cuanto al fondo de la cuestión, me parece que desde el Senado estamos haciendo un aporte mucho más serio a la sanción del proyecto de ley, que tiene cuatro o cinco temas que son debatibles. El primero de ellos es el de la moratoria —tratado en los artículos 6°, 7° y 8° del proyecto de ley—, especialmente porque hay un plazo de un año para que todas las jurisdicciones establezcan el ordenamiento territorial. Ahora bien, una vez vencido ese plazo, las provincias que no tengan ordenamiento territorial no podrán realizar desmontes ni otras actividades de aprovechamiento sustentable.

“El centro del debate está en el artículo 8°, que inclusive está generando disidencias en nuestro Bloque (UCR), vinculado a si la moratoria debe ser total o si vencido el plazo establecido, aquellas jurisdicciones que no hayan logrado el ordenamiento territorial igualmente pueden desmontar o no una fracción de sus bosques. La mayoría de nuestro bloque está de acuerdo con la última redacción, es decir, con que la moratoria sea total, sin perjuicio de que —reitero— haya algunas disidencias en cuanto a este punto.

“Nos parece importante el agregado que se ha hecho ayer en el artículo que define las categorías. En este sentido, la categoría 2, amarillo, es aquella referida a la conservación de bosques nativos. Y también se planteó ayer un debate con relación al artículo 14 del borrador de dictamen, que impide desmontes para las categorías 1, rojo, y 2, amarillo. En el ordenamiento territorial de Jujuy, por ejemplo, está previsto que inclusive en la categoría amarillo se puedan realizar desmontes de hasta un 20 por ciento de los bosques contemplados en esa clasificación.

“El agregado efectuado, en cuanto a que la autoridad de aplicación jurisdiccional pueda evaluar la posibilidad de desmonte en algunas zonas donde esta actividad no genere daño al medio ambiente, nos parece que deja a dicho organismo el manejo de la política de desmonte hasta los límites que establece el proyecto de ley.

“Otro tema de debate tiene que ver, entre otras cosas, con el régimen de sanciones. En este sentido, el predictamen tenía marcadas pautas generales a aplicar en todas las jurisdicciones. Si estableciéramos este régimen de sanciones tal como aparece en el dictamen, en donde se ha tomado la iniciativa contemplada en la sanción de la Cámara de Diputados, estaríamos incumpliendo con la Constitución, porque esta materia es potestad de las provincias. Es como si sancionáramos una ley y les dijéramos a las provincias cuánto tienen que cobrar de ingresos brutos o de impuesto de sellos. Al respecto, el dictamen que ha circulado no tiene la salvedad de que se puede establecer algún tipo de sanción, como la imposición de multas, lo que sólo sería válido si en este punto se contara con la adhesión expresa de la jurisdicción provincial. (…) Entonces, en el tema de las sanciones es donde va a hacer necesario agregar un artículo.

“La otra cuestión central está vinculada al fondo. Si vamos a ordenarnos territorialmente y tendremos una visión de proyecto nacional, de manejo sustentable, de protección del medio ambiente, de presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos, Entonces, deberán compensarse las situaciones que se dan en algunas regiones o provincias que tienen plantaciones extensivas y en donde ciertos productores levantan la plata "en pala" porque producen soja. Por lo tanto, para aquellas regiones del Norte, centro o Sur del país, que tienen justamente la responsabilidad de proteger el medio ambiente, este fondo generará un sistema de compensación para los productores y los propietarios privados de bosques nativos, por el costo de oportunidad de no realizar un desmonte y no sembrar soja. (…) En ese sentido, creo que en el dictamen el aporte quedó en el 0,1 por ciento, es decir, 200 millones de pesos. Por lo tanto, sigue siendo un fondo ínfimo.

“Hay que tener en cuenta que las retenciones agropecuarias y ganaderas —no las industriales— representan 20 mil millones de pesos. Al respecto, en el inciso b) del artículo 31 se establece un porcentaje cuya determinación se deja a discreción del Poder Ejecutivo. Nosotros en el tratamiento en particular plantearemos que ese porcentaje mínimo sea del 2 por ciento. Así, el 2 por ciento de 20 mil millones de pesos, son 400 millones de pesos. Por lo tanto, si junto con las autoridades de las jurisdicciones provinciales la Nación instrumentará una política seria en materia de protección ambiental —particularmente con relación a los presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos—, también se debería ser serio y tener en cuenta que 200 millones de pesos no alcanzan para sostener una política coherente.

“En consecuencia, el 2 por ciento de las retenciones —400 millones— hablan de 600 millones de pesos, una cifra mínima para sostener una política que genere incentivos para la preservación y la protección de los bosques nativos, el ordenamiento territorial y la aplicación de políticas rigurosas en la medición del impacto ambiental. De esta forma, las provincias contribuirán a la protección del medio ambiente, contrariamente a otras zonas, como por ejemplo la Capital Federal, algunos centros urbanos y aquellas áreas con fuerte presencia de parques industriales, que aportan al desarrollo industrial pero destruyen el medio ambiente.

“Reitero, si existen productores que levantan la plata "en pala", porque producen soja y no utilizan mano de obra intensiva, y nosotros no podemos generar un fondo mínimo de 600 ó 700 millones de pesos, para sostener una política de presupuesto mínimo y de protección de bosques nativos, entonces estaríamos hablando de que la Nación —si no está de acuerdo con la iniciativa— no está abordando seriamente el tema y sólo pretende impedir los desmontes; situación respecto de la cual desde ya que estamos de acuerdo, pero en la medida en que ello forme parte de una política de ordenamiento territorial.

“Estos son los tres ejes temáticos —la moratoria, las sanciones y el fondo— que consideramos que hay que establecer claramente. Habíamos propuesto un artículo 40 —en el dictamen no figura, de todos modos lo hemos firmado en disidencia parcial— en el que se dice que será operativo el artículo 8° —que dispone que no podrá haber desmontes para quienes no hayan realizado el ordenamiento territorial en el lapso de un año de aprobada la ley— también desde el momento en que se constituye el fondo y se distribuyen los recursos. Nos parece lógica pura y básica que esto sea así.

“De todas formas, hablamos con los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, a efectos de que ante la imposibilidad de determinar a priori e inmediatamente parámetros objetivos para establecer un nuevo coeficiente de copartipación para las provincias, sea operativo detener los desmontes a partir de la constitución del fondo, con el fin de que en ese marco las provincias puedan reclamar los recursos que les correspondan. Me parece que ese será un tema de debate.

“(…) Y lo hacemos con una gran responsabilidad, sabiendo que en este marco, a efectos de tener una política medioambiental nacional, nuevamente las provincias hacen un gran aporte. Veremos qué hace la Nación y si está dispuesta a poner la plata que corresponde; y que recauda precisamente de aquellas zonas que no estarán obligadas por la presente norma.”

Como podrá observar, no tengo dudas acerca de la necesidad de legislar sobre medio ambiente en general y sobre la protección de los bosques nativos en particular, como sustento legal de una política pública necesaria.

Cordialmente,

Gerardo Morales