| Tras explayarse
desde la mañana sobre el rol que tuvo cada uno de los
ocho acusados en el contrabando de los casi 60 kilos de droga
que viajaban con pasajeros de la aerolínea Southern Winds,
el fiscal concluyó por la tarde su alegato pidiendo penas
de hasta ocho años de prisión para los acusados
del contrabando de la empresa SW y ademas solicitó que
se revise el sobreseimiento del que gozan sus ex directivos.
La parte acusadora consideró que hubo un "plan
preconcebido" que "favoreció económicamente
en forma directa a los imputados y se realizó en una
empresa donde eran empleados".
Según la fiscalía quienes trasportaban los
casi 60 kilos de cocaína a España en un avión
eligieron usar a SW por sus "controles laxos y relajados"
y sumado a los lazos personales que tejieron con algunos de
sus empleados ahora acusados, como Walter Beltrame y Ariel
Tamburrini hacia mas facil la maniobra.
Los acusados son el matrimonio español de José
Ramón González Villar y Elena Tomil Batán,
a quien se los acusa de autores del delito de contrabando
de estupefacientes con fines de comercialización. Y
el remisero colombiano Juan Aristizabal Tabares, que junto
a los españoles integraban una banda dedicada a comprar
droga, "acondicionarla" en Argentina y enviarla
a Europa.
Para Walter Beltrame, encargado de "pasajeros frecuentes"
en SW, se pidió cinco años y seis meses de cárcel
como coautor del delito, al igual que para el ex supervisor
de tráfico en el aeropuerto madrileño de Barajas,
Ariel Tamburrini.
Otros acusados son Guillermo Sardi, supuesto nexo entre los
distintos partícipes de la maniobra, y Claudio Baudino,
supervisor de tráfico de la empresa, para quienes se
pidió cuatro años y seis meses de cárcel
y Fernando Arriete, ex jefe de ventas, una pena de tres años
efectiva como partícipe secundario de la maniobra.
La fiscalia se expidio sobre los hermanos Maggio, Juan José
y Patricio, quienes, sostuvo el fiscal, como miembros de la
gerencia "estaban al tanto" de que SW "infringía
todos los procedimientos aduaneros".
"Hubo responsabilidad a nivel gerencial en lo ocurrido",
acotó el fiscal, mientras que en el caso de Beltrame
recordó que una vez desatado el escándalo buscó
filmaciones de los hechos pero no hizo ninguna denuncia pese
a que era funcionario público y estaba obligado.
Se considera que si bien se juzga un "hecho puntual",
la operación estuvo a cargo de una "organización
criminal".
El caso se había iniciado el 17 de septiembre de 2004,
cuando cuatro valijas que tenían membrete de la Embajada
de Argentina en España fueron enviadas desde Buenos
Aires al aeropuerto de Barajas, en Madrid, en el vuelo 6420
de la empresa SW.
Como nadie las retiró, la Guardia Civil revisó
las maletas y descubrió que en su interior había
caso 60 kilos de cocaína.
Por este incidente el presidente Néstor Kirchner y
el entonces ministro de Defensa, José Pampuro, habían
relevado al jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos
Rohde, y a Beltrame. Y se había disuelto la Policía
Aeronáutica Nacional (PAN) y se creó a cambio
la Policía de Seguridad Aeroportuaria
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