En principio (aún falta ver en concreto la letra del Proyecto) resulta absolutamente lógico encarar un 'Plan de Uso Racional de la Energía'. Promover un comportamiento de la sociedad acorde con la preservación de recursos que son estratégicos es deseable y, en todo caso, corresponde preguntarse por que tardamos tanto en llegar a definiciones como el cambio en el huso horario, que son costumbre en buena parte del mundo y sobre todo en países que se encuentran en posiciones respecto a la Línea de Ecuador similares a las nuestras.

Sin embargo, no podemos dejar de señalar que estas estrategias, que por lo general se concentran en la decisión de reducir o limitar la 'demanda de energía', chocan con una actitud oficial que elude la necesidad de replantear las condiciones de la oferta y, más concretamente la matriz energética. En este sentido, el predominio del interés privado sobre un recurso esencial y estratégico como la energía, ha hecho que Argentina exhiba hoy una matriz energética que es, a no dudarlo, de las más vulnerables e irracionales.

Prácticamente el 90% de la energía que consumimos depende de los hidrocarburos (petróleo y gas). Obsérvese que mientras esta es la situación de nuestro país, Brasil cubre un 60% de sus necesidades con energía hidroeléctrica, Francia abastece un 80% de su demanda eléctrica con el aporte nuclear e incluso el 40% de la demanda energética de los EEUU se cubre con carbón. Argentina dispone de todos estos recursos, pero, gracias al proceso de privatización y desregulación del sector, depende casi exclusivamente de los hidrocarburos y carece de un programa consistente de inversiones que permita despejar las dudas sobre nuestro futuro en la materia.

Es más, en lugar de asistir a un proceso que permita recuperar el papel del Estado en el uso del recurso hidrocarburífero y de favorecer la creciente captura de una renta petrolera de más de U$S 17.000 millones, que sería clave en el financiamiento y consolidación de la matriz energética que necesitamos, no solo se mantiene y profundiza la 'regulación menemista del sector' sino que, además, en lugar de recuperar YPF se le abre paso a la denominada 'argentinización' de la empresa que, en la práctica, no es más que una reprivatización.

Bajo esta falacia de la argentinización el Gobierno libera a Repsol de sus incumplidos compromisos de inversión y, a la vez, favorece a un amigo del poder como el Grupo Eskenazi. Después de que Repsol consumiera la mitad de las reservas, obtuviera ganancias extraordinarias que le permitieron recuperar con creces lo invertido en la compra de YPF, cuando ha llegado el momento de invertir y no de saquear, es cuando para Repsol ha llegado la hora de irse. Por eso tasa en U$S 15.000 millones el paquete accionario y vende, para solventar con esos recursos, su expansión en otros lugares del mundo.

En un contexto de indisimulable crisis energética, donde sería indispensable recuperar el petróleo y el gas argentinos para el usufructo de nuestro pueblo, nada de lo que se está discutiendo alrededor del tema supone modificación alguna en la política de depredación del recurso (por ejemplo; es inconsistente plantear un uso racional de la energía y favorecer exportaciones de hidrocarburos que no tenemos) y para nada supone una modificación en los términos de la apropiación privada de la renta petrolera. Esta seguirá siendo privada (de Eskenazi) y no pública. Pero lo más absurdo del caso es la pasividad del Estado argentino frente a la venta de una empresa cuyo activo principal es casualmente la concesión de yacimientos petroleros que son de propiedad y dominio del Estado. Es decir, Repsol está vendiendo lo que es nuestro como si fuera propio.

En síntesis, en lugar de recuperar el manejo soberano de un recurso estratégico para que toda la sociedad se comporte 'racionalmente' en materia energética, se busca el comportamiento racional de particulares y del propio Sector Público y se permite la 'irracionalidad' y el saqueo a manos de los intereses petroleros. Ahora, incluso, incorporando a aquél empresario que, en su momento, asesorara a Néstor Kirchner cuando este vendiera las acciones que la Provincia de Santa Cruz tenía en YPF. Por cierto, queda claro al observar la historia del Grupo familiar Eskenazi, que más allá de su cercanía con los Kirchner, la aptitud para el negocio financiero es parte de su historia. Lo que en su historia no existe es vínculo alguno con la producción petrolera.

UNA RADIOGRAFÍA DEL GRUPO PETERSEN-ESKENAZI

La información respecto a la composición del capital accionario de las firmas, indica con claridad que el Grupo Petersen - Eskenazi es básicamente un grupo económico familiar donde:
Enrique Eskenazi (cabeza del grupo) posee el 97,87% del capital de Petersen Thieve & Cruz SA (la empresa constructora) y el restante 2,13% del capital lo posee su esposa Silvia Storey de Eskenazi. A su vez esta empresa posee:
a) el 55% del capital de la firma Mantenimiento y Servicios SA (también constructora) siendo el restante 45% propiedad directa de Enrique Eskenazi.
b) el 99,98% del capital de Santa Sylvia SA (la empresa agroindustrial de vinos y aceites), y
c) del 3,34% del capital social de América Latina Logística Mesopotámica, la empresa ferroviaria transportadora de cargas que recientemente recibió la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del Acta Acuerdo de renegociación contractual con el Estado Nacional.

Por otra parte, este grupo empresario posee el 29,65% (el 27,30% Enrique Eskenazi y el 2,35% su esposa Silvia Storey de Eskenazi) del capital social de la firma Tormey y Silvera Sociedad de Hecho, empresa productora de cereales. Puede observarse una clara estrategia de integración horizontal del grupo: en el conviven la participación accionaria de empresas cerealeras, de transporte ferroviario y de construcción.

Por el lado de los servicios sobresalen nítidamente los intereses financieros y bancarios del grupo. Así, Enrique Eskenazi posee el 87% del capital de Administradora de San Juan SRL (empresa financiera proveedora de tarjetas de crédito) y el 87% del capital de la financiera Valorar SA. En la esfera bancaria la firma más importante del grupo es Petersen Inversiones SA (PISA) , cuyo capital accionario se divide en un 81,46% en poder de Enrique Eskenazi, un 16,77% en poder de Sebastián Eskenazi (hijo) y un 1,77% en poder de Silvia Storey de Eskenazi (esposa). A su vez, esta firma posee el 69,13% del capital del Nuevo Banco San Juan, quien a su vez posee el 51% del Banco de Santa Cruz SA y del 93,39% del Nuevo Banco de Santa Fe SA, que a su vez posee el 64,4% del capital del Nuevo Banco de Entre Ríos SA. Se trata como puede observase de una estrategia empresaria expansiva en el terreno de la banca minorista de dichas provincias.

Del lado de los servicios el Grupo Eskenazi posee el 100% (90% Enrique Eskenazi y el 10% restante su otro hijo Matías Eskenazi) de Estacionamientos de Buenos Aires, empresa que brinda servicios para las playas de estacionamiento y el 100% de la firma Marviol SA (el 95% lo posee Sebastián Ezkenazi, hijo de Enrique Ezkenazi quien posee el 5% restante), empresa dedicada a los servicios del transporte aéreo.

Por último, hay que destacar que en los 87 años que dice el Grupo que viene operando en la Argentina (según la solicitada publicada en El Cronista Comercial de fecha 29/09/07, aunque en rigor la fecha de fundación de su empresa más añeja es de 1941) nunca operó en el sector de la energía en general y menos en la de hidrocarburos. Más aún, la única empresa que en este rubro posee el Grupo es la firma Petersen Energía SA fundada en el 2006. Lo expuesto revela la nula experiencia en el sector de hidrocarburos del nuevo socio en la privatización de YPF.