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| 23/12/07
NACIONAL |
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Estos van a hacer
temporada en Marcos Paz.
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Después de la muerte
del represor Héctor Febres por ingesta de cianuro,
la Cámara de Diputados de la Nación aprobó
un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que precise
las condiciones de detención de los acusados por delitos
de lesa humanidad. En consonancia, el juez Torres ya envió
varios a represores a celdas comunes en el Penal de Marcos
Paz.
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| Por:
Martín Rodríguez Rocha |
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La iniciativa
elevada al Poder Ejecutivo fue impulsada por los diputados Claudio
Lozano (Movimiento por Buenos Aires) y el oficialista Remo Carlotto
(Frente para la Victoria).
En diálogo con Diariosic.com, Carlotto explicó
los motivos de este pedido y que acciones desarrollarán
una vez conocida la información.
- Remo, ¿qué están solicitando mediante
este proyecto que se aprobó en el Congreso, el miércoles
último?
- Consensuamos con el diputado Claudio Lozano que tenía
un proyecto similar en el mismo sentido, solicitar al Poder
Ejecutivo información con respecto al subprefecto Febres
y las condiciones de detención que tuvo, sus visitas,
etc. Y en términos generales solicitamos información
sobre las personas que se encuentran detenidas en lugares destinados
por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y aquellos
detenidos en otros lugares, y quiénes son los jueces
que tienen a cargo la determinación del lugar de detención.
Para tener un panorama de la situación de detención,
teniendo en cuenta la gravedad de los hechos relacionados con
lo que sería el asesinato de Febres.
- Ustedes entonces piden informes para todos los detenidos
por delitos de lesa humanidad...
- Exactamente, acerca de dónde están alojados,
bajo que juez están siendo supervisados, cuántos
tienen arresto domiciliario o en hospitales o clínicas.
Simultáneamente con la presentación del pedido
de informes, el juez Sergio Torres, tomó una determinación
de enviar a todos los implicados en la causa ESMA al penal de
Marcos Paz. Cuando presentamos el informe planteamos que habíamos
visto las condiciones de detención de los genocidas alojados
en Marcos Paz y que había plazas para alojar a la totalidad
de los procesados en el país por estos delitos. No veíamos
porqué los jueces ordenaban el arresto en cuarteles...
- ¿Y cuáles suelen ser los argumentos de
los jueces para elegir ésos lugares de detención?
- Muchas veces lo plantean porque no existen condiciones en
dependencias del SPF acordes a la situación por la cual
están atravesando estas personas. Nosotros consideramos
que no es así, y que deben ir como cualquier detenido
a una cárcel. Con más razón los criminales
de lesa humanidad deben estar en Marcos Paz, que es una cárcel
de máxima seguridad con condiciones de detención
dignas, pero que es una cárcel común.
- Una vez ustedes tengan esta información, ¿cuál
será el plan de acción?
- Hay dos caminos. Uno que tiene que ver con poder observar
si hay modificaciones que podamos hacer al Código Procesal
Penal, en el marco del respeto por las garantías del
debido proceso, para que estas personas estén en cárceles
comunes. El otro, es transmitirle esta información al
Consejo de la Magistratura para que se tomen las medidas necesarias
con respecto a los jueces que incumplen con la Ley.
- Esto ya ocurriría el año que viene...
- Sí, esperamos que para cuando se reinicien las sesiones
ordinarias (en marzo de 2008) podamos contar con la información.
Y cuando se conformen las comisiones invitemos a las autoridades
del SPF, para que nos cuenten la infraestructura que tienen
para alojar a estas personas.
- Por último, ¿ustedes cuentan con alguna
otra información sobre irregularidades en las condiciones
de detención?
- En general las condiciones son en dependencias policiales
o en lugares donde los implicados revestían con anterioridad.
En las entrevistas que realizamos con la Justicia Federal indicamos
cuáles son los lugares de detención más
próximos dentro del marco del SPF.
Esto para nosotros debe ser un llamado de atención, hay
dos hechos que han sido señales muy graves en el marco
del desarrollo de los procesos judiciales, uno fue la desaparición
de Jorge Julio López, buscando intimidar a los testigos,
fiscales y jueces. Y lo de Febres, su muerte, es una señal
para aquellos que puedan romper el pacto de silencio respecto
a los datos que puedan tener sobre las desapariciones. Por eso
debemos actuar con celeridad para que estos criminales estén
condenados en el menor tiempo posible y que no seamos permeables
a las maniobras de los genocidas para dilatar las causas y para
intimidar a la sociedad y a los actores del proceso. |
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