Aprobaron crear la comisión investigadora de Vicentin pero cuestionan su legalidad

Además de la comisión investigadora, aprobada por 41 votos afirmativos contra 29 negativos, el Senado dio media sanción a dos tratados de extradición, uno con Brasil y otro con Rumania, así como una convención de la OIT contra la violencia laboral, la violencia doméstica y la violencia de género.

La senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, informó sobre el dictamen del proyecto de creación de una Comisión Investigadora de las presuntas irregularidades que pudieron haber existido entre el Banco Nación y la empresa Vicentín por los créditos otorgados por la entidad bancaria.  Sacnun explicó que el proyecto “no necesita los dos tercios del cuerpo ya que se trata de un proyecto de ley”. Afirmó que se pretende, entre otros objetivos, “conocer los balances de las empresas, las posibles maniobras de lavado de activo y las relaciones de la empresa con firmas del exterior”.

La senadora puso el acento en la venta de la empresa Renova que Vicentín había concretado a fines del año 2019 ya que la empresa compradora “había sido citada en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y también por la justicia del Reino Unido”. La legisladora señaló que “el artículo 75 inciso 3 de la Constitución Nacional conocido como el de los poderes implícitos, en este caso otorgados al Legislativo, nos habilita para la creación de esta comisión investigadora”.

El informante por la minoría, senador por Buenos Aires Esteban Bullrich, (Juntos por el Cambio) destacó que el proyecto en debate “pretende reformar el reglamento del cuerpo, ya que las comisiones están establecidas y las nuevas a crear deben hacerse por ley y con mayorías especiales”. Resaltó que “como si esto no bastara se pretende crear una comisión para investigar los créditos otorgados solamente por los últimos cuatro años”. Dijo que se pone en riesgo a la economía de llegar a un default de la deuda externa que llega a una cifra “mil veces superior al valor de Vicentín”. El legislador rechazó el proyecto y dijo que “el pasado lo atiende la Justicia, el presente el Ejecutivo y el Futuro el Congreso de la Nación. La Argentina de los próximos meses nos va a demandar que estemos unidos. Ya han ido tras la lista de los que evaden capitales y en esa lista estaban los Eskenazi, los Cristóbal López”.

En los discursos de cierre de los jefes de bloque, el senador por Salta, Juan Carlos Romero (Bloque Parlamentario Federal), cuestionó que el tema en debate no integra los temas de la Pandemia, tal como se había acordado. Criticó el proyecto al que calificó de “apresurado y lleno de prejuzgamientos” y destacó que “estaba en violación al reglamento del cuerpo”. Dijo que no son los parlamentarios “los jueces de la conducta empresaria ya que hay una ley de concursos y quiebras, como se denominaba antiguamente y que en ese caso los jueces revisarán la conducta de los directivos”.

El senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio), rechazó el tema en debate y reclamó la necesidad de los dos tercios favorables para que el dictamen fuera aprobado. Afirmó que el tema en debate es “una distraction social que oculta la falta de plan del gobierno nacional”.

El titular de la bancada oficialista, senador por Formosa, José Mayans (FdT), recordó diferentes antecedentes parlamentarios de comisión investigadoras y resaltó que “las comisiones investigan, no juzgan”.  Destacó que la Comisión Bicameral de investigación de la Deuda Externa fue creada por ley y en ningún momento “del debate se habló de mayorías especiales”. Lo hizo para destacar que al tratarse de una ley no eran necesarios los dos tercios reclamados por la oposición. Subrayó que “no se está investigando a Vicentín sino al Banco Nación” y que “si los funcionarios actuaron bien, cuál es el problema”. Defendió la iniciativa del senador por Neuquén, Oscar Parrilli, diciendo que “el tema es importante ya que hace a la calidad institucional del país”.

La iniciativa fue aprobada por 42 votos afirmativos contra 21 negativos.

Tratados de extradición y Convención contra la violencia laboral, doméstica y de género

El senador por Buenos Aires, Jorge Taiana (FdT), en su condición de Presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, explicó que el tratado de extradición con Rumania “que ya fue aprobado en ese país, busca combatir la impunidad”. Sobre el tratado de extradición con la República Federativa de Brasil, destacó que “supone una simplificación y agilización de los procedimientos”.  Señaló que “eleva de uno a dos años el tiempo máximo punible del delito por el que se pide la extradición, se contempla el respeto de los derechos humanos para las personas a quienes se solicita la extradición y por último contempla que sea extraditado un nacional. Tema que hasta el momento Brasil no contemplaba”.

Taiana también fundamentó el acuerdo 190 de la Organización Nacional del Trabajo (OIT). “La OIT cumplió el año pasado 100 años y lo hizo con una declaración y una convención sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es la primera convención que la OIT aprueba desde 2011. La convención contempla a todos los trabajadores. También contempla el acoso en la selección laboral, sobre todo el acoso contra las mujeres”, dijo. El senador por Buenos Aires también destacó que éste acuerdo “es el primer documento internacional que contempla la violencia doméstica y la violencia de género”.

Las tres órdenes del día se votaron en general y en particular en una misma votación. Con la ausencia de la oposición, que se retiró por no tratarse de un tema vinculado a la pandemia del Covid-19, la votación contó con 42 votos afirmativos.

Bicameral para investigar posible defraudación entre el Banco Nación y Vicentin.

El proyecto presentado por el senador por Neuquén, Oscar Parrilli (FdT) propone la creación de una Comisión Bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, para investigar las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, además de una posible “defraudación y estafa comercial a acreedores”.

La comisión también podrá «indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país o en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales, dejando de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel nacional, provincial y/o municipal, montos correspondientes a sus obligaciones tributarias», advirtiendo además sobre la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por “incumplimiento en sus obligaciones de control».

En el segundo artículo, dispone que se dilucide también si el Banco Central, en su condición de organismo regulador, «ha efectuado el control correspondiente en el marco de sus funciones regladas».

La Bicameral investigará la posible «defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años».

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