Berhongaray propone compensación económica a profesionales de la salud

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa), presentó un proyecto de ley que plantea una alternativa enmarcada en el concepto de “esfuerzo compartido”, y que pretende colaborar con una óptima prestación del servicio de salud en todo el país, en el contexto inédito determinado por el COVID-19, donde no caben dudas de la importancia que reviste la adecuada y eficaz articulación entre los sectores de salud público y privado.

 “Proponemos que las obras sociales y entidades de medicina prepaga realicen una contraprestación económica a los profesionales de la salud privada con quienes mantengan la condición de “prestadores”, sobre la base del promedio de los últimos seis meses, contados a partir de septiembre de 2019, de lo que cada profesional registre como prestador con la respectiva obra social o entidad de medicina prepaga (Promedio Histórico Prestacional Mensual-PHPM)”, dijo.

Explicó: “Para la cuantificación definitiva de la contraprestación será necesario ponderar, por un lado, el concepto de “atención de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas”, donde se establece un reconocimiento equivalente al 50 % del PHPM de las consultas registradas durante ese período. Y por el otro se evaluará lo percibido, en idéntico lapso, en concepto de “prácticas médicas diagnósticas y terapéuticas”, acordando a los profesionales un tope máximo de 20 % calculado a partir del PHPM de las prácticas que registre como prestador”.

“Indudablemente, dentro de los efectos negativos desencadenados por el COVID-19, se inscribe el impacto económico absorbido por la sanidad privada, que responde fundamentalmente a la suspensión masiva de consultas de carácter preventivo, reprogramación de intervenciones quirúrgicas, postergación de análisis clínicos y prácticas médicas tanto privadas como concertadas, entre otros factores de incidencia”, señaló Berhongaray.

“Vale recordar que recién el 18 de abril y a partir del dictado de Decisión Administrativa 524/2020, se exceptuó del “asilamiento social, preventivo y obligatorio” a la atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas -con sistema de turno previo- de acuerdo a los protocolos sanitarios que fije cada jurisdicción”, remarcó el legislador.

“En el sistema de salud de las distintas provincias, alrededor de la mitad de los pacientes se atienden en el subsector privado que, en este contexto de emergencia sanitaria, constituye una parte esencial de la solución proyectada para asistir a quienes se enfermen y para salvar vidas, coadyuvando así con los encomiables esfuerzos que se enderezan desde el sector de la salud pública”, concluyó.

Acompañan la iniciativa los diputados radicales Lidia Ascárate, Mario Arce, Aída Ayala, Gerardo Cipolini, Alvaro De Lamadrid, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Diego Mestre, Estela Regidor y Sebastián Salvador.