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Bonadio pidió el desafuero y la detención de Cristina Kirchner

Es en el marco de la causa por la denuncia del fiscal Nisman. También procesó al ex canciller Timerman, al que le concedió el arresto domiciliario.

El juez federal Claudio Bonadío dispuso este jueves el procesamiento con prisión preventiva, previo desafuero como senadora, de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que investiga el pacto de entendimiento con Irán.

Además, Bonadío dispuso el procesamiento con preventiva para el ex canciller Héctor Timerman, aunque le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria como consecuencia de su delicado estado de salud.

Por esta causa ya fueron detenidos este jueves el ex secretario General de la Presidencia Carlos Zannini y el dirigente piquetero Luis D’Elía.

La denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA había sido desestimada por la Justicia federal durante la gestión de Cristina Kirchner pero luego reactivada durante la gestión de Mauricio Macri.

La denuncia se originó el 14 de enero de 2015 por parte del fallecido fiscal Nisman.

En dos ocasiones fue rechazada por el juez Daniel Rafecas, quien consideró que no existía ningún delito que investigar.

Luego, ese magistrado fue apartado por la Cámara de Casación y el expediente pasó a manos del juez federal Ariel Lijo.

Finalmente, por conexidad con otra causa que tenía Bonadio por “traición a la patria” finalmetne quedó en el juzgado de este último.

“Se puede concluir que todos los interrogantes planteados en relación al Memorando suscripto con la República Islámica de Irán, sumado a que sus términos favorecen a dicha nación, me permite sostener que su redacción formó parte de un acuerdo entre los gobiernos para normalizar las relaciones entre los Estados y garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes sindicados por la justicia argentina como los responsables del atentado, como así también cambiar el eje de la investigación de la causa AMIA”, sostuvo Bonadio en su fallo.

El juez consideró que los imputados “utilizaron diferentes órganos del Estado”, incluido el Congreso Nacional, para “aparentar la legalidad del memorando”.

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