Dióxido de cloro: Científicos Vs. Abogados por «la injerencia» en las prácticas médicas

Sociedades científicas criticaron «la injerencia del Poder Judicial» en la aplicación de dióxido de cloro «en pacientes Covid-19», y la calificaron como una «substancia no aprobada por el ente regulador (Anmat) y formalmente contraindicada por quienes sustentan su práctica sobre evidencias científicas irrefutables», al referirse a la aplicación realizada en un paciente crítico, quien luego falleció, a partir de una medida cautelar adoptada en la justicia federal.

Bajo el título «Comunicado acerca de la medida cautelar sobre un tratamiento médico no autorizado (dióxido de cloro)», unas 45 organizaciones científicas, de la sociedad civil y universidades criticaron la aplicación del dióxido de cloro, «una substancia que, tanto el Ministerio de Salud de Nación, como otras instituciones vinculadas a la salud (SAM, SADI, SAP, ATA, SIBSA), se habían manifestado contraindicando su aplicación, no sólo por su ineficacia sino fundamentalmente por su falta de seguridad».

El comunicado afirma que «la justicia no debe obligar a los médicos a indicar una medicación que no tiene respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacional e internacional, ni respaldada por las sociedades científicas nacionales e internacionales».

Y agregó que «las autoridades competentes (ministerios de salud, secretarías de salud, colegios o consejos de médicos, instituciones judiciales, otras) deben dar seguridad y garantía jurídica a los profesionales para que puedan actuar con la libertad que otorga la evidencia científica y frenen la judicialización sin fundamentos científicos».

«La autonomía del equipo de salud, fundamentada en el conocimiento científico y en sólidas posturas bioéticas, no puede ser reemplazada por decisiones judiciales carentes de fundamento científico que pueden dañar a la población», agregaron.

Y advirtieron que si bien entienden «la desesperación de los pacientes y sus familias ante la presencia de una enfermedad, respetuosos de los principios de la bioética y reconociendo el principio de autonomía de los pacientes, damos a conocer que existen otros principios como el de beneficencia (en este caso ausente) pero fundamentalmente el de no maleficencia («primumnon nocere»: «lo primero es no hacer daño»): primero no dañar es un eje rector ante todo acto médico e implica no indicar productos sin evidencia científica».

Y concluyeron: «Ante estos hechos, repudiamos el accionar de aquellos profesionales de la salud que alientan estas medidas y no miden el daño de sus actos».

Entre otras asociaciones y organizaciones, integran la Red que emitió el comunicado la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la Sociedad Científica de Emergentología Argentina, la Sociedad Argentina de Emergencias, la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Salud, la Fundación Huésped, el Foro Argentino de Clínica Médica y la Federación Argentina de Medicina Familiar y General.

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