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El juez Carzoglio rechazó la prisión de Pablo Moyano y denunció operaciones mediáticas

El juez de Avellaneda Luis Carzoglio, que rechazó la detención del dirigente camionero Pablo Moyano, denunció este martes una operación mediática en su contra y confirmó que su familia recibió “amenazas de muerte”.

El magistrado acusó además “al personal de la Fiscalía General de Cámara de Lomas de Zamora” por la difusión de la resolución que beneficia al secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.

También apuntó contra la Procuración de la Provincia de Buenos Aires por los datos sobre su carrera judicial que circularon en algunos diarios y canales de televisión y que, a su entender, “sólo tenían” las autoridades de este organismo.

Sobre las amenazas que recibió su pareja, el magistrado aseguró que ocurrieron cuando ya había rechazado la detención Moyano sugiriendo así que no provinieron del lado de Camioneros o Independiente.

“No tengo miedo porque en este país hay que asumir estos riesgos. Agradezco al jefe de la Policía Bonaerense por preocuparse por mí y mi esposa y designarme la custodia”, continuó.

El magistrado, además, dio detalles de las amenazas contra su familia: “Mi esposa recibió llamados a las 11.10 y 11.20 de la mañana del martes amenazándola a ella y a mí e hicieron alusión a los problemas físicos que ella tiene”. Y aclaró: “Las amenazas fueron posteriores a la resolución”.

“Confirmo que no hice lugar a la orden de detención y hago responsable de la filtración de mi resolución al personal de la Fiscalía General de Cámara que se llevó de acá el expediente”, concluyó.

En los fundamentos del rechazo al pedido de detención, Carzoglio afirmó que el delito que se investiga de asociación ilícita “se encuentra determinado y/o circunscripto y se centra en base a lo reseñado en el auto de prisión preventiva, que luego fuera confirmada por alzada”, del líder barrabrava Pablo Alejandro Álvarez, alias “Bebote”.

Además el magistrado señaló que hay medidas de prueba en curso, como los peritajes a teléfonos, computadoras, etc., en las que aún “no se ha cumplimentado con las notificaciones a los defensores particulares correspondientes”. “Ello sin mencionar que las escuchas transcriptas obedecen a los años 2014, 2015 y 2016, con bastante antelación al inicio de la presente causa”. La causa -recordó- se inició el 17 de marzo de 2017.

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