Empezó la persecución de Áñez: denunció a Evo y arrestó a opositores

El gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, denunció este viernes formalmente ante la Fiscalía de La Paz al ex presidente Evo Morales por delitos de «terrorismo y sedición», a la vez que se conocieron nuevos arrestos de funcionarios del antiguo Ejecutivo masista.

Tras presentarse la acusación, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, solicitó la autorización para poder interrogar al ex mandatario en México, país que le brinda asilo.

La denuncia formal, que exige las penas máximas por estos crímenes, fue presentada por el ministro provisional de Gobierno, Arturo Murillo.

«Las pruebas están claras», defendió Murillo, en referencia a un video que dio a conocer ayer, donde supuestamente Morales fomenta los piquetes en las ciudades para forzar la salida del nuevo Ejecutivo.

En la víspera, Murillo había calificado la supuesta orden de Morales como «crimen de lesa humanidad» por el que iban a denunciarlo ante tribunales internacionales.

Sin embargo, el gobierno interino optó finalmente por presentar la acusación ante la justicia boliviana, que también inició investigaciones contra otros miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), partido del ex gobernante.

La decisión de que sean el Ministerio Público y los tribunales locales los que investiguen el tema aporta mayor manejo de los tiempos procesales y le permiten al gobierno de Áñez buscar una herramienta, como podría ser una orden de detención, que inhiba la posibilidad de que Morales regrese a Bolivia en el corto plazo.

En tanto, la policía boliviana arrestó a Gerardo García, vicepresidente del Movimiento por el Socialismo (MAS), el partido del depuesto presidente Evo Morales, mientras que se dictó orden de captura para una de sus ministras.

García fue apresado el jueves mientras viajaba en un vehículo en el centro de La Paz, junto al conductor del vehículo, indicó el diario El Deber, basado en fuentes policiales.

En un breve contacto con la prensa, el vicepresidente del MAS sólo logró declarar que estaba transportando ese equipo y documentos a las oficinas del partido de Morales en la ciudad de La Paz.

No se sabe de qué se lo acusa y su situación legal será evaluada por la oficina del fiscal, en primer lugar en relación con el uso de bienes del estado, cuando ya no es un funcionario público.

En tanto, la fiscalía boliviana emitió una orden de arresto contra la ex ministra de Cultura Wilma Alanoca, en relación con un caso relacionado con algunos cócteles molotov que se descubrieron el 9 de noviembre en una instalación de esa repartición.

También el Ministerio Público detuvo en Sucre al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, que pertenece al MAS, denunciado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos.

En este contexto, Áñez afirmó hoy en un breve contacto con la prensa que sus primeros 10 días en el poder han sido «muy difíciles», principalmente por las protestas en la ciudad de El Alto, donde manifestantes impiden la salida del combustible para expresar su rechazo al golpe de Estado contra Evo Morales.

«Les pido por favor reflexionen, permitan que baje el combustible (hasta La Paz), la necesidad es generalizada», suplicó la mandataria a los grupos que mantienen una protesta en la planta de combustibles de Senkata en El Alto.

En una charla con periodistas en el palacio de gobierno, Áñez manifestó que el desabastecimiento, que lleva varios días y que ha generado que existan largas filas en las estaciones de servicio, no se debe a la falta de reservas, sino a la protesta instalada frente a la refinería.

«No es posible castigar a la ciudad de La Paz con un cerco que desde todo punto de vista es innecesario», remarcó, citada por la agencia de noticias EFE.

El martes pasado, en un operativo policial frente a la refinería de Senkata, ocho civiles murieron por disparos, cuya autoría se investiga mientras el gobierno de Áñez niega que fueran del Ejército.

El bloqueo a la planta de combustible es uno de los conflictos que más ha complicado al gobierno de facto, aunque no es el único.

También hay bloqueos en las rutas hacia La Paz, que han dificultado la llegada de alimentos como carne, huevos y vegetales, lo que ha generado un considerable alza de los precios de los pocos productos que todavía se consiguen.

Los manifestantes reclaman la renuncia de Áñez y el repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas.

Se espera que la solución salga de la Asamblea Legislativa, donde parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y de la bancadas minoritarias que respaldan a Áñez negocian para conciliar un solo proyecto de ley para convocar a elecciones.

Áñez advirtió que si no se consigue el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, la convocatoria será por decreto.

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