Frente a la decisión del Poder Ejecutivo de remitir al Congreso de la Nación el tratamiento de las retenciones móviles, Movimiento Proyecto Sur expresa su posición ante la “cuestión agraria”, considerando que no estamos frente a una problemática sectorial sino nacional, puesto que se compromete el interés de todos los argentinos, en especial el de los sectores de más bajos recursos.

A 100 días de conflicto, no podemos dejar de señalar la responsabilidad de las partes: el gobierno, con una medida correcta pero mal aplicada, permitió que entidades gremiales agrarias que representan diversos intereses se abroquelaran y pusieran en práctica medidas de fuerza inaceptables que produjeron graves perjuicios y desabastecimiento. No es lo mismo la Sociedad Rural asociada a todas las dictadura y el saqueo de la nación, que quienes nacieron del “Grito de Alcorta”. A nuestro juicio, una cosa es actuar en defensa del legítimo reclamo de los pequeños productores y otra muy distinta que, apoyados en él, se termine siendo funcional al privilegio de las grandes multinacionales del cereal, los agroexportadores, la oligarquía y los terratenientes nacionales y extranjeros.

También marcamos el lamentable papel que ha jugado parte del sistema de medios masivos de comunicación, asociados en los hechos con el sector más rentable de la actividad agraria. Reafirmamos que Proyecto Sur no participa ni participará de ninguna maniobra que pretenda utilizar la situación con el fin de menoscabar o debilitar al gobierno democráticamente elegido, al tiempo que deplora la utilización de la idea de “golpe” para cerrar filas e impedir el debate que nos debemos.

Asimismo, hacemos constar que si bien nos manifestamos en todo momento a favor de un régimen de retenciones móviles y muy gradualmente escalonadas, por entender que es justo gravar más al que obtiene los máximos beneficios y mayor rentabilidad, denunciamos al mismo tiempo el doble discurso del gobierno de los Kirchner, en tanto no aplica el mismo criterio para la gran minería. El oro, el cobre y decenas de metales aumentaron un 300% su precio en los últimos años, pero no pagan retenciones y goza de exenciones impositivas y subsidios. Estos beneficios también alcanzan a la actividad ictícola y a las corporaciones petroleras, no obstante que el crudo duplicó su valor en los últimos siete meses.

Si algún beneficio ha arrojado este costoso conflicto, fue el amplio debate que por primera vez se desarrolla y pone en evidencia que la cuestión agraria es algo más que la soja y la pampa húmeda. Allí están: las multinacionales del cereal –Cargill, Dreyfus, AGD, Nidera y Bunge, entre otras-, que continúan siendo un sector intocable y se queda con casi un tercio de la renta agraria; los pools de siembra y arrendatarios; y los grandes terratenientes nativos o extranjeros. En el otro extremo del abanico, el campo son también los pequeños y medianos productores, campesinos y pueblos originarios. Hay que destacar que sobre más de 300 mil productores, 200 mil están ausentes del conflicto, ya que tienen menos de 10 has. cada uno. En contraposición, 6.900 familias-empresas poseen 49.7 % de la tierra y continúan extendiendo la frontera sojera, produciendo innumerables desalojos de poblaciones. A esto se suma la irresponsable extranjerización y concentración de la tierra, las condiciones de injusticia que soportan los trabajadores rurales -800.000 de ellos trabajan en negro-, las miles de hectáreas de bosque nativo destruido, el envenenamiento de las aguas por uso de agrotóxicos como el glifosato; todo lo cual ha sido permitido desde 2003 por el gobierno kirchnerista.

Proyecto Sur entiende que es hora de avanzar en otra dirección. El conjunto del campo argentino, exige atender el reclamo de las dos terceras partes de los productores del país que están fuera del conflicto actual. Es hora de asumir el reclamo de miles de campesinos, pobladores originarios y sus organizaciones (Mocafor, Mocase, Frente Nacional Campesino, entre otros). No hay mayor urgencia que propiciar una justa distribución de la riqueza, terminar con el trabajo en negro, la desnutrición y la pobreza. ¿Cómo puede justificarse que produciendo 134 millones de toneladas de alimentos y habiendo en el Banco Central 50.000 millones de dólares de reservas, existan regiones como el norte jujeño, Salta, Formosa y Chaco, con 50% de desnutrición, y que en el país haya más de 5 millones argentinos en estado de indigencia y 13 millones en la pobreza?

Por estas razones, Movimiento Proyecto Sur propicia:

Retenciones móviles y escalonadas como instrumento legítimo. La producción agropecuaria para exportación fue eje de la recuperación nacional tras la crisis de 2001, situación que resultó posible porque todos los argentinos soportamos una devaluación de 200% y su consecuente inflación. Por ello, conceptualmente, entendemos que las retenciones son correctas, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como instrumento de redistribución de la riqueza.

Por lo expresado, Proyecto Sur propone la aplicación de retenciones móviles y muy escalonadamente segmentadas en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que impulse una profunda evolución del agro protagonizada por políticas activas del Estado en aras de lograr un modelo productivo independiente, de alta calidad y adecuada variedad (en contraposición al monocultivo sojero), todo ello garantizado únicamente por el repoblamiento del territorio argentino.

Este plan debería contemplar: una seria modificación del régimen impositivo vigente desde el menemismo, que es netamente regresivo y propicia que fondos financieros como Cresud/Irsa (de Soros, con 600.000 hectáreas) estén exentos del impuesto a la ganancia; el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior de granos y juntas nacionales de granos y de carnes, con “mesas de concertación” por producto; una equitativa coparticipación federal; revisión y limitación a la gran propiedad y extranjerización de la tierra y titularización de las tenencias irregulares; reconstrucción del Tren Para Todos, como un servicio justo para los productores regionales; sistema de créditos y subsidios con el propósito de repoblar el campo y diversificar la producción; bancos de semillas para recuperar y multiplicar la biodiversidad agrícola; poner fin a la depredación de bosques nativos e impulsar un gran plan forestal; promoción de la empresa cooperativa como herramienta organizativa solidaria; profunda readecuación e impulso del INTA; propiciar e incentivar la participación de las Universidades Nacionales en la “cuestión agraria”; desarrollo de semillas, tipos y especies nacionales, con entregas gratuitas a los productores más pequeños; impulso a la educación rural y cuidado integral de la salud; prohibición del uso de agroquímicos contaminantes; registro de productores y de trabajadores rurales; investigación y sanción penal para las multinacionales exportadoras, si se comprueba que han estafado al fisco.

Frente a la etapa legislativa, Proyecto Sur considera que la iniciativa enviada al Congreso debe contemplar las modificaciones necesarias según los criterios expuestos. Debiendo aclarar el gobierno nacional, previo a todo otro debate, lo que ocurre hoy en materia de retenciones, porque de acuerdo con datos disponibles, después de la resolución 125, las multinacionales han exportado soja con retenciones sustancialmente menores que las anunciadas (22% al 27%), mientras que los productores pagan un porcentaje muy superior; por lo cual se estima que la norma regimentada por el gobierno en marzo no sólo no se cumple, sino que está posibilitando ganancias extraordinarias al sector más concentrado.

Se puede. Sólo hace falta la decisión política de llevar adelante un Gran Proyecto Nacional, estratégico y sustentable, que priorice la defensa de la vida y del ecosistema por sobre el concepto de rentabilidad neoliberal. El objetivo debe ser el desarrollo de las capacidades, la alimentación y el bienestar de los argentinos. Para ello resulta indispensable una Argentina política y económicamente soberana e integrada a la región latinoamericana.

Desde sus inicios Movimiento Proyecto Sur expresó que nada de esto puede lograrse si no se nacionalizan los recursos naturales, el petróleo y el gas. Hoy volvemos a reiterarlo.