Habeas Corpus contra el Gobierno de Insfrán por una nueva cuarentena obligatoria

El caso se planteó con el diputado nacional Mario Arce (UCR Formosa), quien al regresar a la provincia luego de una sesión en el Congreso, el 13 de febrero, y a pesar de estar exceptuado y tener hisopado negativo, la Mesa del Covid le habría obligado a realizar aislamiento obligatorio por 14 días. En menos de una semana, según el legislador, lleva 4 hisopados con resultado negativo y ha cumplido con todos los protocolos sanitarios, siendo motivo suficiente para poder regresar a sus actividades laborales que se ven impedidas por estar aislado.

Presentaron por ese motivo una acción de habeas corpus los presidentes de los Bloques UCR de Diputados y de Senadores, Mario Negri y Luis Naidenoff, el titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, el presidente del Comité provincial, Martin Hernández, con el patrocinio letrado de Ricardo Gil Lavedra, Juan Montoya, y Gustavo Menna. Allí remarcan que el artículo 6° del DNU 297/2020, indica que “quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia’, tales como los representantes del Congreso de la Nación Argentina.

En el mismo sentido opera el decreto provincial 100/20, art.5, punto 25 que se interpreta de manera conjunta con la norma nacional invocada.

“Estamos dando la batalla donde hay que dar y a los abusos le respondemos con acciones concretas. Buscamos sentar una nueva jurisprudencia que pueda ser utilizado por cualquiera de los 640 mil formoseños. El camino es la justicia y si es necesario llegaremos hasta las últimas consecuencias recurriendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Organismos Internacionales”, señaló Arce.

Destacó que se presentaron pruebas ante el Juzgado Federal sobre situaciones donde funcionarios del gobierno provincial como Gildo Insfran, Eber Solis, Jorge Gonzalez, Alberto Zorilla, Jorge Ibañez, entre otros, “se valen del decreto nacional y provincial para salir y entrar a la provincia sin problemas, pero cuando lo hacen opositores, hay una intencionalidad política de imponer órdenes y restricciones que no tienen un fundamento legal, siendo que las normas se aplican para todos por igual sin distinguir el color político”.

Por último, adelantó que el juzgado competente ya notificó a la provincia que informe sobre esta situación, y en breve se fijará una audiencia para resolver el caso.