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Las empresas de colectivos le reclaman al estado deudas, y devolución de créditos fiscales

El presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Daniel Millaci, aseguró este martes que «los desfasajes en los costos operativos se devoraron la rentabilidad del sector» y reclamó al Estado el pago de deudas por subsidios y por créditos fiscales.

Millaci, en diálogo con Télam, afirmó que «toda la rentabilidad que teníamos se fue a cubrir los costos operativos y eso impide la renovación de unidades».

El empresario sostuvo que «el desfasaje ronda un 25% y el efecto de la inflación hace que se lleve la rentabilidad».

Más adelante, remarcó que «la falta de renovación de unidades, llevó al cierre a Metalpar, la fábrica de carrocerías más grande del país y los pocas unidades que se renuevan se realizan en fábricas más chicas que no tienen escala de producción».

«El 55% de los ingresos de nuestras empresas se va en los costos salariales», enfatizó Millaci para luego agregar que «a esto hay que agregarle, el mantenimiento de las unidades como combustibles, lubricantes, neumáticos y el costo del seguro».

Metalpar, la fábrica de carrocerías para colectivos más importante de la Argentina, ubicada en el límite de San Martín y Tres de Febrero, cerró sus puertas a fines de febrero despidiendo a unos 600 trabajadores.

La empresa pertenecía a dos grupos empresarios, la chilena Paredes y la brasileña Marcopolo.

Consultado sobre cuál sería el valor del boleto mínimo de colectivo si se eliminaran los subsidios que abona el Estado, el empresario estimó que «el boleto debiera costar 42 pesos, para poder cubrir los costos de explotación del servicio y una rentabilidad de apenas 6% sobre el capital invertido».

«Eso es imposible de pagar para un trabajador», puntualizó Millaci.

En la actualidad, el boleto mínimo en el área metropolitana cuesta 18 pesos y eso representa sólo el 43 por ciento de lo que debiera costar el boleto de acuerdo con los costos operativos y la rentabilidad.

Millaci puso de relieve que «nosotros acompañamos todo el proceso que lleva adelante el gobierno, con el cambio del esquema del pago de subsidios».

«El sistema actual se mueve entre una proyección oficial del flujo pasajeros transportados y los viajes efectivamente realizados. Esa proyección se va corrigiendo cada cuatro meses y se verifica la diferencia que el Estado tiene que pagar. Sólo en el segundo semestre de 2018, se acumuló una deuda de 1.200 millones de pesos», señaló el empresario.

Millaci indicó que «nosotros no estamos reclamando una suba de tarifas porque sabemos que la gente no puede pagar más aumentos, en especial, los sectores de menores ingresos que son los que usan el colectivo como medio de transporte, pero de esta manera, no se puede invertir y el negocio deja de ser rentable hasta en lo operativo».

Luego, reclamó por la deuda acumulada por el sector, como consecuencia de los saldos fiscales del IVA. «Tenemos un crédito fiscal de unos 3.500 millones de pesos y no lo podemos utilizar porque sólo nos permiten descontarlo de ganancias, pero ocurre que no tenemos rentabilidad y eso nos lleva a que ese saldo quede inmovilizado. Nosotros lo que pedimos es buscar un mecanismo que nos permita utilizar esos fondos», subrayó.

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