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Las OA y UIF piden enviar a juicio parte de la causa cuadernos de la corrupción

La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera presentaron sendos requerimientos de elevación a juicio una parte de la causa de los cuadernos de la corrupción que incluye como imputados a la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros procesados.

Estas presentaciones se sumaron a la que concretó el fiscal Carlos Stornelli, con lo que el juez federal Claudio Bonadio, que instruye la causa, dará vista a todas las defensas para que den su conformidad o formulen oposiciones a su decisión de dar por cerrada la investigación para pasar a la etapa de juicio oral, informaron hoy fuentes judiciales.

«De los elementos reunidos a la largo de la presente investigación ha quedado demostrado el rol que detentaba la ex presidenta en calidad de jefa de esta asociación ilícita, siendo a posteriori de la muerte de su marido la principal artífice de esta organización con permanencia en el tiempo, emanando directivas al resto de sus miembros, en claro perjuicio del Estado Nacional», sostuvo en su requerimiento la UIF.

En el escrito, firmado por su titular Mariano Federici, el organismo agregó que «quienes se beneficiaron con este sistema recaudatorio ilegal fueron Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido».

Tanto el organismo anticorrupción como el dedicado a detectar lavado de dinero coincidieron en lo que planteó el fiscal Stornelli al pedir el envío a juicio de Fernández de Kirchner, procesada como jefa de asociación ilícita, y a los ex funcionarios de su gobierno De Vido, José López y Roberto Baratta, entre otros.

También hicieron extensivo el pedido a empresarios procesados en la parte principal de la causa cuadernos, entre ellos, Angelo Calcaterra, Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Gerardo Ferreyra, Oscar Thomas y Walter Fagyas.

También se pidió el envío a juicio oral de Oscar Centeno, ex chofer de Baratta autor de los cuadernos con anotaciones que dieron nombre a la causa y se ha declarado «arrepentido» de los ilícitos que investiga la Justicia.

La UIF aludió a un «esquema que se hizo permanente, dinámico, aceitado, y al cual cada parte fue brindando su aporte según el rol desempeñado, funcionaba de manera que para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional»

Para ello, «una empresa o grupo de empresas –UTE- entregaba un porcentaje de lo que el Estado Nacional le pagaba, a los funcionarios designados para recibir esos retornos o coimas», agregó en su escrito.

Los miembros de la presunta asociación ilícita «desplegaban los distintos canales para nutrir de recursos monetarios a las esferas superiores encabezadas por los ex mandatarios del ejecutivo nacional».

«El dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306, esquina Juncal 1411 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, en la residencia de Olivos y en la Casa de Gobierno», enumeró.

Además sostuvo que «parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para distintos funcionarios públicos».

La UIF aclaró que dejó fuera del requerimiento a los empresarios Juan Chediak, Alberto Padoan, Luis Betnaza, Héctor Zabaleta y Manuel Uribelarrea de conformidad con lo decidio al respecto por el fiscal Stornelli y porque debe profundizarse la investigación sobre sus personas.

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