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Macri designó conjueza a Kemelmajer, que ordenó el aborto a una discapacitada en 2006

El Gobierno nacional oficializó este miércoles los nombramientos de los conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre los elegidos está la mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, de 73 años, exmiembro de la Corte de Justicia de la provincia.

Kemelmajer es Doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza, miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y Córdoba, la Academia Argentina de Ética en Medicina y la Asociación Argentina de Derecho Comparado, recordó el portal Los Andes.

La jurista cobró notoriedad pública nacional por un fallo de 2006 que obligó a un hospital público a interrumpir un embarazo de una joven discapacitada y abusada, cuando dicha institución se negaba a cumplir con lo que prevé el artículo 86 del Código Penal. Recientemente participó en el Congreso de las audiencias por la despenalización del aborto y fue uno de los testimonios más resonantes.

Así recuerda en una entrevista con el diario Perfil su fallo de 2006:

La persona que había quedado embarazada era una joven de más de 20 años, pero con una actitud mental cercana a una niña de 6 años. Su mamá era una mujer muy convencida de sus ideas religiosas, pero entendió sin embargo que era preferible interrumpir el embarazo de su hija porque tenía un cáncer, y ella pensó que nadie podía hacerse cargo después de esa persona que podía llegar a nacer. Además, ella presumía que había sido violada en el ámbito familiar. Por eso ella fue al Hospital Militar, pero había un comité de bioética que —a pesar de que se trataba de un típico caso de los regulados por el Código Penal, en el que el aborto está despenalizado— demoraban la respuesta. Obviamente que no era una demora neutral, si no que provocaba que el embarazo siguiera adelante y que después no se pudiese interrumpir. Por eso la señora concurrió al juez de familia, que le dijo que no necesitaba judicializar el caso; pero como sabía lo que pasaba en los hospitales, autorizó la interrupción.  

Esa sentencia fue apelada por un grupo pro-vida, y la Cámara de Apelaciones —integrada por dos mujeres y un hombre— decidió suspender el cumplimiento de la medida hasta tanto ellos resolvieran el recurso de apelación. Eso significaba lo mismo porque la apelación iba a durar un montón. Esta señora vino a la Corte contra esa decisión y su abogado pidió un per saltum para saltear una instancia y saltear la cámara para llegar a la Corte. Cuando intervenimos en ese caso nosotros lo que dijimos es que no era un per saltum, porque la Cámara había tomado una decisión definitiva por el perjuicio que causaba, aunque no resolvían si correspondía o no la interrupción por el tiempo que necesitaba la apelación. Y el Tribunal decidió en tres horas que una asociación pro-vida no tiene legitimación para intervenir en esta clase de procesos. 

Gracias a esa premura con la que se realizó el caso se pudo realizar la interrupción. Se hizo en un hospital que no era de la zona, para que no fuese interferida por grupos pro-vida que nada tienen que hacer en esto. Y gracias a eso se hizo un ADN sobre el feto para determinar después penalmente quién era el que había abusado de esta persona con discapacidad mental. Como lo presumía la señora, era del entorno familiar, y fue condenado a prisión. Pero la realidad es que estos casos no deben judicializarse porque así lo dice el Código Penal y también la Corte de la Nación porque se convierte en una barrera para ejercer un derecho.

Volviendo a los conjueces nombrados por Macri, su función es ejercer la función de jueces de la Corte en caso de recusación o excusación de los miembros del tribunal y de los presidentes de las Cámaras Federales.

Asimismo, fue designado el abogado radical y ex diputado nacional por la UCR Ricardo Gil Lavedra, quien fue el abogado de la AFIP durante la gestión Cambiemos y logró la elevación a juicio del detenido empresario Cristóbal López, en una causa por retención de unos 8.000 millones de pesos al fisco.

Gil Lavedra cesó sus actividades en la representación legal de la AFIP a mediados de junio dado que tenía un contrato en el que se había establecido esta instancia cuando la causa llegara a juicio oral.

La nómina de ocho conjueces cuenta con el respaldo de la Comisión de Acuerdos del Senado, que el 19 de septiembre había avalado a cada uno de los letrados propuestos por el Poder Ejecutivo nacional.

La nómina de jueces suplentes para el máximo tribunal fue respaldada por los senadores de Cambiemos y del Bloque Justicialista que participaron de la audiencia pública realizada en el Salón Arturo Illia en septiembre.

Además de Kemelmajer y Gil Lavedra fueron nombrados la constitucionalista María Angélica Gelli; el presidente del Colegio de Abogados porteño; Guillermo Lipera, y la decana de la Universidad del Nordeste, Verónica Torres.

También la excamarista civil de Jujuy María Rosa Caballero; el abogado especialista en contratos internacionales, Diego Botana; Gerardo Conte Grand, familiar de Julio Conte Grand, actual Procurador General bonaerense; el exconstituyente Alberto García Lema y el catedrático Julio César Rivera.

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