Los manteros de Liniers resisten el desalojo y esperan la reubicación

Los puestos de unos 500 vendedores ambulantes fueron retirados esta madrugada del barrio de Liniers por personal del Gobierno de la Ciudad en un operativo ordenado por la justicia porteña que determinó que realizaban “venta callejera ilegal”, tras el cual los manteros aguardaban una reunión con autoridades para solicitar su reubicación.

El operativo -llevado a cabo por el ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño con apoyo de la policía de la Ciudad- fue ordenado por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 21 porteña, a cargo de Celsa Ramírez.

El procedimiento comenzó cerca de las 4 en el perímetro determinado entre avenida Rivadavia, Carhué, Ventura Bosch y la colectora de la avenida General Paz, lo que comprende 38 cuadras.

Tras un relevamiento, los funcionarios de Ambiente y Espacio Público reportaron que en el lugar había «475 manteros, de los cuales 239 eran puestos de comida y 236 vendedores de calle».

Después de mediodía, la instancia de un encuentro con autoridades de la Ciudad surgió a raíz del diálogo que mantuvieron representantes de los vendedores con el jefe del operativo policial, mientras en el lugar se mantiene una fuerte presencia de efectivos. 

Antes de las 13 el tránsito en la avenida Rivadavia ya estaba liberado pero aún permanecía cortada la calle José León Suarez.

Durante la mañana, los negocios -en su mayoría de ropa y accesorios- que se encuentran en la zona estuvieron cerrados por temor a que se produzcan incidentes entre los manteros y la policía.

En tanto, un cordón de efectivos policiales rodeó a los manteros que se manifestaban en el lugar, donde también se habían dispuesto carros hidrantes y patrullas policiales.

Algunos puesteros reclamaban que aún teniendo la habilitación de la Ciudad para trabajar allí fueron desalojados violentamente, como Concepción, que es propietaria de un puesto de flores en Rivadavia y José León Suárez.

Fuentes policiales informaron que la investigación por la que se ordenó este desalojo se inició con denuncias de vecinos y comerciantes de la zona, que reclamaban por «bloqueos en las veredas, corte de paso a peatones, competencia desleal con los comercios y venta de productos ilegales».

La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) respaldó el operativo en un comunicado, en el que aseguró que la regulación de la actividad comercial era uno de los principales reclamos de las cámaras de comercio locales, por la «desigualdad de condiciones» que generaba para trabajar en la zona.

«Celebramos que el Gobierno haya tomado esta decisión que apunta a un histórico foco de venta ilegal en la Ciudad y, tal como sucedió en otras zonas, estamos convencidos de que esto permitirá mejorar la actividad comercial en Liniers», afirmó el presidente de la Federación, Fabián Castillo.

La cartera de Ambiente y Espacio Público aseguró que «un 44% de los puestos eran manejados por senegaleses, un 39% por bolivianos, el 9% por peruanos, un 5% por argentinos y un 1% por paraguayos». La mitad de los puestos vendía bijouterie y un 38% frutas y verduras, según las cifras oficiales.

El gobierno porteño había desmantelado el año pasado las estructuras de vendedores ambulantes en la zona comercial de Once y en la avenida Avellaneda, en Flores.