La ONU denunció que hay infiltración narco en las FFAA de Maduro

Dos organismos de la ONU volvieron a poner en tensión al gobierno de Venezuela, al reclamar la liberación de todos los presos «por motivos políticos» y denunciar que hay «indicios» de que organizaciones narcotraficantes se infiltraron en las fuerzas armadas de ese país.

«Reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos», afirmó la jefa del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet.

La ex presidenta chilena hizo esa exhortación al informar sobre la situación humanitaria en 10 países ante la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, según el texto del discurso publicado en el sitio web del Acnudh.

Asimismo, exigió al gobierno del presidente Nicolás Maduro «la implementación de las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias», aun cuando aclaró que había tomado «nota de la excarcelación de 14 personas en enero».

Pese a esas excarcelaciones, el lunes pasado había en Venezuela 346 presos por motivos políticos, entre ellos 120 militares, 12 mujeres y un menor de edad, según el último informe semanal de la ONG especializada Foro Penal, publicado días atrás en Twitter.

La funcionaria denunció también que su equipo documentó «más de 130 casos de presuntas violaciones de derechos humanos de personas privadas de la libertad» en cárceles, luego de que miembros de su oficina visitaran varios establecimientos penales y entrevistaran a 28 personas «de manera confidencial».

Además, reiteró la «solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia».

Pese a las críticas y los reclamos, Bachelet agradeció «la cooperación» del gobierno de Maduro, con el que dijo que estaba «evaluando los primeros seis meses de implementación» del trabajo de la misión enviada a Venezuela en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Añadió que estaba negociando con la administración Maduro «la adopción de un protocolo que permitiría observar juicios y monitorear el respeto a las garantías judiciales», y subrayó que «es vital» instalar una oficina permanente del Acnudh en Venezuela, para cumplir mejor su «mandado global de promover y proteger los derechos humanos».

El Acnudh y el gobierno de Maduro mantienen una tensa relación desde que en julio del año pasado Bachelet emitió un informe según el cual las fuerzas armadas y policiales ejecutaron extrajudicialmente a 6.856 personas solo entre enero de 2018 y mayo de 2019, y 3,7 millones de venezolanos estaban entonces en estado de desnutrición.

Por otra parte, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dijo en un informe publicado en Viena que «hay indicios» de que en Venezuela «los grupos delictivos lograron infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y crearon una red informal conocida como el Cartel de los Soles para facilitar la entrada y la salida de drogas».

La JIFE, órgano independiente que forma parte del sistema de la ONU, sostuvo en su reporte de 2019 que organizaciones criminales «transportaron grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y Estados Unidos desde Colombia, pasando por Venezuela».

El presidente de la JIFE, el holandés Cornelis de Joncheere, afirmó que ese organismo mantiene «un diálogo» que «es de confianza, no es público», con el gobierno de Maduro, según la agencia de noticias EFE.

El término Cartel de los Soles -que alude a las insignias de los generales- fue utilizado por primera vez en 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional (policía militar) fueron investigados por narcotráfico, y se familiarizó a partir de 2000, tras varios incidentes del mismo tipo en los que participaron militares, según la ONG especializada Insight Crime.

El gobierno de Estados Unidos elaboró una lista de militares venezolanos a los que considera implicados en el Cartel de los Soles, pero se conocen pocos de esos nombres, entre ellos el del ex vicepresidente y actual ministro de Industrias y Producción, Tareck el Aissami -que no es militar-, y el del coordinador del programa alimentario del gobierno, comisario general Freddy Bernal.

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