Se reglamentó la Emergencia Social pero las organizaciones anunciaron un plan de lucha

Los movimientos sociales consideraron a la medida insuficiente y anunciaron el inicio de un plan de lucha para la «inmediata» aplicación de la norma y en rechazo al modelo socioeconómico.

El gobierno nacional reglamentó este viernes la ley de emergencia social, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, en busca de darle «visibilidad, acompañamiento y contención a cada uno de los trabajadores informales», pero desde los movimientos sociales consideraron a la medida insuficiente y anunciaron hoy el inicio de un plan de lucha para la «inmediata» aplicación de la norma y en rechazo al modelo socioeconómico.

Fruto del acuerdo firmado el año pasado entre las organizaciones sociales y el gobierno, el Poder Ejecutivo publicó hoy en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley 27.345, que prorrogó la emergencia y que destina 30 millones de pesos para la asistencia social hasta el 2019.

Esta reglamentación, que publica este viernes el Boletín Oficial, se concretó el jueves, el mismo día en que se difundieron los datos sobre pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, destacó que la reglamentación de la ley «tiene que ver con reconocer la existencia de la economía popular», y empezar a darle «visibilidad, acompañamiento y contención a cada uno de los trabajadores informales que hoy generan sus propios ingresos».

En este sentido, en declaraciones a radio Nacional, sostuvo que no se trata «estrictamente» de una «transferencia de ingresos» sino que «tiene que ver también con trabajar con todo lo que es la economía popular o la economía social, que hoy es parte de casi el 40 por ciento de los trabajadores en la Argentina».

También, agregó, «con reconocer la existencia de la economía popular y que sea parte del plan productivo nacional».

En tanto, los movimientos sociales celebraron, aunque con reservas, la reglamentación de la emergencia social, pidieron por su implementación inmediata y anunciaron el inicio de un plan de lucha con esa demanda y en rechazo a la política socioeconómica del gobierno, que comenzará el miércoles con 300 cortes en todo el país.

En ese marco, las organizaciones confirmaron la decisión de levantar la asamblea popular que tenían previsto realizar el lunes en la Plaza de Mayo -de la que también iba a participar la CGT y la CTA- y, en cambio, llevar a cabo «un plan de lucha con mayor dureza», consistente en principio en los cortes anunciados para el miércoles, ante lo que denunciaron como «la desintegración del tejido social».

Por otro lado, salieron al cruce de versiones periodísticas al destacar que el papa Francisco -con quien mantienen una relación cercana- no tuvo nada que ver con esa decisión: «Nunca jamás el papa Francisco levantó el teléfono para decir que se haga una marcha o se deje de hacer. Es absolutamente falso. El Papa no es nuestra conducción, es nuestra inspiración y nunca jamás nos va a dar una orden», sostuvo el referente de la CTEP y consultor del Vaticano, Juan Grabois, en declaraciones a Télam.

«El miércoles 15 de marzo, a tres meses de la sanción de la ley de emergencia social que al día de la fecha sigue sin implementarse, los movimientos y trabajadores de la economía popular realizaremos una jornada nacional de lucha con manifestaciones y ollas populares en distintos puntos del país contra la política económica neoliberal adoptada por el gobierno nacional que destruye puestos de trabajo, transfiere la riqueza hacia los ricos, castiga a los trabajadores, empobrece a nuestro pueblo, multiplica la indigencia y endeuda a las generaciones futuras», señalaron las organizaciones.

Así lo hicieron en el marco de una conferencia de prensa que ofrecieron este viernes los referentes del triunvirato piquetero que conforman Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

«Contra este modelo de exclusión y miseria. Por el Trabajo y la Justicia Social. Por la aplicación inmediata de la Emergencia Social» son las consignas de la protesta, según anunciaron en la sede del CTEP del barrio de Constitución.

En ese marco, los dirigentes sociales advirtieron que el gobierno nacional «incumplió todos los compromisos asumidos con los trabajadores en la Argentina» y, «pese a este contexto y las múltiples instancias de dialogo, se han incumplido todas las medidas paliativas acordadas con las organizaciones sindicales y sociales».

Sin embargo, celebraron la reglamentación de la emergencia social y reclamaron su inmediata implementación: «Enhorabuena el gobierno, después de tres largos meses, reglamentó la ley de emergencia social. Es hora de empezar a implementarla», dijo Grabois esta mañana, luego de que trascendiera la publicación de la norma en el Boletín Oficial, a través de su cuenta en Twitter.

La ley, sancionada el 14 de diciembre pasado, creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, además del Registro Nacional de la Economía Popular, ambos en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.

En su texto, define a la economía popular como «toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar».

El consejo está integrado por funcionarios de Desarrollo Social, Economía y Trabajo así como por representantes de las tres organizaciones sociales impulsoras de la iniciativa.

En este marco, Grabois consideró que, la norma publicada hoy en el Boletín Oficial, se trata de «una reglamentación trasnochada que no resuelve los problemas» y afirmó que «este modelo económico y el cinismo político nos obliga a salir a la calle a luchar».

En el mismo sentido, el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, sostuvo -en declaraciones a radio Continental- que las organizaciones «ahora esperan que se ponga en marcha ya el salario complementario, que empiecen a llegar partidas y que se comience a blanquear toda la actividad de la economía popular».

Más allá del anuncio de un plan de lucha, las organizaciones aseguraron que no romperán el diálogo con el gobierno nacional y, menos aún, con el Ministerio de Desarrollo Social, con cuyos funcionarios deberán seguir negociando la puesta en marcha del Registro Nacional de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.

De hecho, los movimientos sociales ya tenían agendada para el próximo jueves -ahora un día después de los cortes previstos- una nueva reunión en la cartera que encabeza Stanley.

En tanto, desde ese ministerio remarcan que los tiempos de implementación de la ley son los previstos desde el principio de las negociaciones y que, en la reunión del jueves próximo, el gobierno presentará una propuesta de conformación del registro que será consensuada con las organizaciones.