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Senado: avanza una nueva ley de alquileres

Presidida por la senadora por Santiago del Estero, Ada Itúrrez de Cappellini (Frente Cívico por Santiago del Estero), la comisión de Legislación General de la Cámara alta, trató un proyecto de una nueva ley de alquileres impulsado por la senadora por Río Negro, Silvina García Larraburu (Frente para la Victoria-PJ).

La iniciativa que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, es otra versión de un proyecto aprobado por unanimidad, en el 2016, por el pleno del Senado y que posteriormente perdió estado parlamentario.

La propuesta, debatida en el Salón “Atrio” contempla entre sus principales puntos que el aumento de alquiler será anual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE). También se establece extender de dos a tres años el plazo mínimo para un contrato de alquiler.

El proyecto prevé que el locador deberá declarar el contrato ante el Registro de la Propiedad Inmueble; reducir el depósito en garantía a un mes de alquiler y modificar a seis meses el plazo mínimo para su rescisión.

En el debate, Larraburu destacó la colaboración del Frente Nacional de Inquilinos en la elaboración de la futura norma sobre la que aseguró que “ha sido modificada y mejorada” en relación a la anterior iniciativa aprobada por el cuerpo.

La autora del proyecto explicó también que “hoy la situación que están atravesando millones de familias en nuestro país amerita que le demos pronto tratamiento para, de esta manera, cuidar la situación de los inquilinos”. Puntualizó que “más de siete millones de personas están esperando esta Ley, que restablezca las condiciones de igualdad entre las partes y garantice el acceso a la vivienda bajo esta modalidad”.

Tuvo respaldo el proyecto que crea un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos

La comisión también otorgó dictamen a la creación del Registro Nacional de Deudores Morosos, una propuesta del senador por Mendoza, Julio Cobos (UCR), que contempla la unificación en todo el país de una base de datos que contenga toda la información de los deudores alimentarios inscriptos en los registros de las diferentes jurisdicciones.

“Todo aquel que no cumpla será anotado como deudor moroso con consecuencias y limitaciones para el desarrollo de su vida personal, laboral y comercial, además del impedimento de salir del país que dicte el juez en cada caso concreto”, sostuvo Cobos.

El legislador mendocino resaltó que “los tribunales de todo el país se encuentran atiborrados de reclamos judiciales por incumplimiento de la obligación alimentaria. Entendemos que la creación del RENDAM es una medida positiva para ejercer presión sobre los deudores alimentarios que teniendo algún tipo de recurso, se niegan en forma sistemática a cumplir con el pago de la cuota alimentaria”.

Consideró también que el incumplimiento de la cuota alimentaria “constituye un grave problema social cuya repercusión involucra a muchas personas y familias y no sólo a las afectadas directamente. Esta ley tiene como objetivo fundamental la protección de la parte más débil de la relación desigual que se da entre alimentante y alimentado”.

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