La Justicia federal ordenó quince allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un expediente que involucra directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo «Lule» Menem. Las medidas fueron dispuestas por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi.
Los allanamientos se llevaron a cabo en nueve puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en seis localidades de la provincia de Buenos Aires. Según fuentes judiciales, los procedimientos buscaban teléfonos celulares, computadoras y documentación vinculada a las supuestas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo.
El juez Casanello reimplantó el secreto de sumario antes de ordenar los nuevos operativos. Las investigaciones se centran en «graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad», según explicaron voceros judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Los operativos se produjeron al día siguiente de que la Cámara de Diputados aprobara la interpelación de Karina Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones. Ambas citaciones fueron fijadas para el miércoles 15 de octubre a las 14 horas, reflejando la creciente presión política que rodea al gobierno tras las revelaciones de los audios del exjefe de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
La investigación judicial avanza sobre la presunta existencia de un circuito de cobro de retornos a través de contrataciones irregulares con droguerías privadas. Según los audios filtrados, Spagnuolo habría detallado la existencia de «compulsas de precios consecutivas» y facturas que no pasaban por los registros oficiales del Ministerio de Salud.
El Ejecutivo, a través del interventor de la ANDIS, Alberto Vilches, confirmó que ya recibió parte de la documentación incautada por la Policía de la Ciudad durante el primer operativo judicial. Los informes incluyen facturas, órdenes de compra y registros de proveedores, entre ellos la droguería Suizo Argentina, señalada como una de las principales beneficiarias de las contrataciones irregulares.
En la Casa Rosada admiten que la auditoría administrativa en la ANDIS avanza con especial foco en las compras de medicamentos, un rubro que concentra miles de millones de pesos. Funcionarios cercanos a Javier Milei confirmaron que el presidente analiza modificar el esquema autárquico de contrataciones para que las compras dependan directamente de la cartera sanitaria.
El juez Casanello dispuso que las medidas judiciales se realicen sin detenciones, aunque no descartó futuras imputaciones si los peritajes sobre los dispositivos electrónicos confirman la existencia de comunicaciones entre funcionarios y empresas investigadas. La fiscalía solicitó además un relevamiento de todas las operaciones realizadas entre 2023 y 2025 por la ANDIS con laboratorios y distribuidoras de medicamentos.
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