Julio Cordero, quien participó activamente en la redacción del capítulo laboral del DNU 70/23 sostuvo en declaraciones a La Nación, que la llamada “modernización laboral” permitirá revertir la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas, sin embargo, admitió que la reforma desfinancia el sistema previsional y de salud, debilita a los sindicatos y reduce el peso del Estado en la regulación del trabajo.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es justamente la creación del FAL, que el funcionario presenta como una solución “dinámica” para el mercado laboral. “Este fondo va a permitir una dinámica real de trabajo porque habrá financiamiento para las desvinculaciones”, admitió finalmente Cordero, lo que significa que el Estado gastará recursos en despidos de empresas privadas en lugar de promover políticas activas de empleo o proteger puestos de trabajo existentes.
El propio secretario explicó que el esquema busca devolverles a los empleadores parte de las contribuciones patronales, consideradas por el Gobierno como una “carga excesiva”, y canalizar esos recursos hacia un fondo destinado a cubrir indemnizaciones: “Es una obligación conveniente porque estás creando un fondo que te cubre para las indemnizaciones”.
Respecto de las indemnizaciones, Cordero negó que exista una rebaja, aunque reconoció cambios que favorecen a las empresas. “Lo único que se hizo con el artículo 245 es incorporar algunos criterios jurisprudenciales mayoritarios”, afirmó, al tiempo que remarcó que conceptos como aguinaldo, vacaciones o premios no serán obligatorios en el cálculo, salvo queel empleador decida incluirlos.
La reforma también avanza sobre derechos colectivos y la acción sindical. Al justificar las limitaciones al derecho de huelga y a las asambleas, el secretario de Trabajo señaló que “cuando las asambleas son recurrentes y son utilizadas como un método de paralización de la actividad, se trata de desvíos que hay que corregir”, y agregó que “antes, bajo la excusa de la huelga, se aceptaba cualquier cosa”.
Finalmente, pese a la pérdida de más de 250.000 empleos y el cierre de miles de pymes durante la actual gestión, Cordero se mostró confiado en el rumbo adoptado. “Estoy convencido de que se va a revertir”, aseguró, y defendió la transformación de planes sociales como herramienta de inserción laboral: “Es una ayuda para ingresar al mundo del trabajo”.
Con información de agencia Infogremiales
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