Femicidios
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, confirmó a través de sus redes sociales que el Gobierno liderado por Javier Milei avanzará con la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Esta decisión se enmarca en una política que busca, según el funcionario, establecer una igualdad total ante la ley sin distinciones por género u otras condiciones.
«Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra», expresó Cúneo Libarona en una publicación realizada esta mañana.
El ministro hizo referencia al discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, donde calificó al feminismo como «una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra». Según Cúneo Libarona, el movimiento feminista «usó durante años a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre», agregando que «sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto».
La figura del femicidio, incluida en el Código Penal en 2012 mediante la Ley 26.791, tipifica como agravante los homicidios de mujeres cometidos por razones de género. Esta normativa ha sido utilizada para señalar y condenar específicamente la violencia contra las mujeres, un problema social grave que, según datos recientes, dejó un saldo de 255 víctimas durante 2024.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 255 femicidios en Argentina, lo que equivale a una mujer asesinada cada 30 horas. De estas muertes, el 66% ocurrieron en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor, mientras que el 84% de los casos evidenció una relación preexistente entre víctima y victimario.
El impacto de estos crímenes también se refleja en las víctimas colaterales: 169 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos como resultado de estos asesinatos, lo que pone de manifiesto la dimensión social y familiar de este tipo de violencia.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo, denominado Igualdad ante la Ley, no solo apunta a eliminar el agravante del femicidio, sino que también busca derogar normativas consideradas «discriminatorias» por establecer tratos diferenciales basados en género o condición. Estas incluyen la Ley de Identidad de Género, el cupo laboral trans, el DNI no binario y la Ley de Paridad Electoral, entre otras.
Además, el plan contempla revisar el cupo laboral para personas con discapacidad, argumentando que el acceso a empleos públicos debe basarse únicamente en la idoneidad de las personas. El asesor presidencial Santiago Caputo lidera los trabajos de planeamiento estratégico para implementar estas reformas, que se presentarán bajo el argumento de garantizar una igualdad absoluta ante la ley.
La eliminación del femicidio del Código Penal plantea interrogantes no solo en cuanto a la tipificación de los crímenes de género, sino también respecto a los derechos y reparaciones para las víctimas colaterales. Por ejemplo, está en debate si el Gobierno mantendrá o eliminará la Ley Brisa, que establece una reparación económica para los hijos de mujeres asesinadas en contextos de violencia de género.
En noviembre de 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó la intención del Ejecutivo de avanzar con este tipo de reformas. «La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por eso, el Gobierno nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas. Fin», afirmó Adorni en ese entonces.
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