El gobierno nacional dispuso el cierre definitivo del servicio ferroviario de pasajeros que conectaba Buenos Aires con Bahía Blanca, marcando el final de un ramal histórico que ya se encontraba suspendido desde marzo de 2023. La medida se enmarca en la Emergencia Ferroviaria decretada por la administración de Javier Milei y representa la duodécima línea de media y larga distancia interrumpida desde diciembre del año pasado.
Aunque el tren había dejado de circular en marzo de 2023 tras un descarrilamiento cerca de Olavarría, fue en julio de este año cuando se resolvió el cierre permanente de la estación Bahía Blanca Sud, descartando cualquier posibilidad de reactivación. Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) explicó que el deterioro de las vías y los elevados costos de reparación hacían «imposible» la continuidad del servicio.
El último intento de reactivación se había producido en 2022, cuando el tren circuló durante apenas dos semanas antes de sufrir un nuevo descarrilamiento en el mismo punto de Olavarría. Desde entonces, el Estado nacional no ejecutó las obras de reparación necesarias, lo que terminó por sellar el destino de una línea que había sobrevivido a privatizaciones, crisis y décadas de abandono.
El cierre del ramal provocó la pérdida de 17 puestos de trabajo, afectando a empleados con décadas de trayectoria en el sistema ferroviario. Según estimaciones gremiales, desde la aplicación del decreto de Emergencia Ferroviaria ya se registraron más de 3.000 cesantías en todo el país, incluyendo personal operativo, técnico y administrativo.
La clausura también incluyó el cierre definitivo de las estaciones Daireaux y Balsa en Lincoln, mientras que más de 50.000 metros cuadrados pertenecientes a la estación Barrow en Tres Arroyos fueron desafectados del uso ferroviario y transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para su futura venta. La estación Bahía Blanca Sud, declarada edificio histórico nacional en 2014, quedó bajo custodia de la Policía Federal.
La decisión se inscribe dentro de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Ejecutivo en junio de 2024, que otorga al Estado facultades para suspender o eliminar servicios argumentando el deterioro estructural de la red. La política de ajuste ferroviario ya afectó a otros servicios emblemáticos como el «tren expreso» Buenos Aires-Rosario, suprimido en mayo de 2024, y los servicios a San Luis, Pehuajó, Pinamar y Cañada de Gómez.
En la mayoría de los casos, las autoridades atribuyeron las suspensiones a la «baja demanda» o los «altos costos de mantenimiento», en el marco del plan de ajuste que atraviesa distintas áreas del Estado. La situación se agravó con incidentes como el descarrilamiento de una formación Tucumán-Buenos Aires ocurrido en septiembre en Santiago del Estero, evidenciando el crítico estado de la infraestructura ferroviaria nacional.
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