La fuerte explosión que sacudió un depósito de productos químicos en San Fernando durante la madrugada no solo dejó un panorama de destrucción, sino que reavivó una crítica profunda sobre la seguridad industrial en la provincia. El Consejo Profesional de Química salió a encender las alarmas de manera contundente, advirtiendo que, sin un cumplimiento efectivo de la normativa vigente y sin controles permanentes, la provincia de Buenos Aires “continuará siendo un campo minado” para sus habitantes. El incidente ocurrido en la empresa Otowil es, para la institución, la última muestra de un patrón de negligencia y desregulación que se repite de manera naturalizada.
Desde el organismo señalaron que el episodio no hace más que confirmar un escenario que vienen denunciando de forma sistemática. En un documento oficial, remarcaron que “son incontables los reclamos en los cuales exigimos el cumplimiento de la Ley 7.020 que rige el ejercicio de la química”, junto con la obligación de respetar los protocolos de seguridad y contratar personal idóneo y matriculado. Condiciones que, sostienen, son básicas para prevenir tragedias.
El foco de la crítica del Consejo de Química apunta directamente al rol del Estado. En cada presentación realizada, aseguran haber remarcado “la responsabilidad ineludible del Estado en la realización de controles permanentes”. Además, destacan la necesidad urgente de capacitar al personal para enfrentar correctamente situaciones de emergencia.
El diagnóstico del organismo es categórico y grave. Afirman que “hoy, en un escenario de desregulación absoluta y de convivencia de la urbanidad con la actividad fabril, la provincia de Buenos Aires se constituye como verdadero campo minado”. Esta expresión resume lo que observan: una peligrosa mezcla de ausencia de controles, crecimiento urbano desordenado y falta de planificación en zonas donde la actividad industrial coexiste con viviendas.
La explosión en San Fernando se suma a otros siniestros recientes de gran magnitud, como el ocurrido en el Polo Industrial de Ezeiza en noviembre pasado. Tras aquel episodio, el Consejo intentó impulsar un trabajo conjunto con los gobiernos locales para mejorar la gestión del riesgo. Contactaron a 70 municipios con el objetivo de avanzar en capacitación y protocolos de respuesta ante emergencias.
Sin embargo, la respuesta fue mínima y desalentadora. “Un indicador del desinterés y la negligencia que rodean a la problemática está dado por el hecho de que, al momento, solo la Municipalidad de Salto respondió a tal iniciativa”, denunciaron desde la entidad. También dejaron constancia de “las incontables e infructuosas peticiones realizadas a las distintas dependencias vinculadas del Estado provincial”, incluyendo los ministerios de Ambiente y de Producción. En particular, destacaron que, debido a la presencia de un polo industrial, buscaron establecer contacto con el municipio de San Fernando el pasado 2 de diciembre de 2025, sin obtener avances concretos.
El siniestro se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada del 29 de enero en un inmueble ubicado en la calle Brandsen al 800, que funcionaba como depósito de la firma Otowil. La explosión fue de tal magnitud que provocó un corte de luz preventivo en varias cuadras a la redonda. Para combatir las llamas trabajaron al menos diez dotaciones de bomberos de los cuarteles de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar.
El jefe de Bomberos Gustavo Calveiro brindó detalles del operativo. Informó que «no hay afectados» y que sólo se registraron roturas de vidrios y ventanas en casas linderas. «Es material combustible, por eso se genera la explosión y se propaga muy rápido. La fábrica tenía 20 metros de frente por 100 de largo, y estaba generalizada en su totalidad», explicó. Sobre el estado del personal de rescate, agregó: “No se registraron heridos, solo hubo algunos bomberos afectados por el humo, pero nada más. El incendio ya está circunscripto, ahora estamos en las tareas de remoción”.
Para el Consejo de Química, la explosión en San Fernando no es un hecho aislado. Esta misma semana, la entidad ya había acusado negligencia y falta de controles tras una serie de incendios en distintos puntos de la provincia, como un depósito de chatarra en Campana y una obra en construcción en La Plata donde se incendiaron baños químicos. Sostuvieron que estos hechos “vuelven a encender una señal de alarma que no puede ser desoída”.
La seguidilla de episodios evidencia, según el organismo, un patrón preocupante en el manejo de materiales, sustancias químicas y residuos peligrosos, caracterizado por prácticas negligentes y una ausencia marcada de controles eficaces por parte de las autoridades competentes. Frente a este escenario, reiteraron el llamado a “aunar esfuerzos para evitar los hechos fatídicos a los que indudablemente estamos expuestos ante estos casos recurrentes”.
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