La crisis desatada por los incendios forestales que azotan la Patagonia forzó una doble respuesta del Gobierno nacional. Por un lado, desembolsó un subsidio masivo de 120 mil millones de pesos para las asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país. Por el otro, comenzó a analizar seriamente la posibilidad de incorporar una Ley de Emergencia Ígnea al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que arrancan en febrero, ante la presión creciente de los gobernadores de las provincias afectadas.
La medida de asistencia económica, formalizada a través de la Resolución 91/2026 publicada en el Boletín Oficial, establece un esquema de financiamiento detallado para las más de mil asociaciones de bomberos en todo el territorio. En paralelo, la mesa política del oficialismo se reunirá este jueves al mediodía en la Casa Rosada para definir si el reclamo de las provincias logra un espacio en una agenda legislativa que hasta ahora estaba cargada con otros proyectos prioritarios para la administración de Javier Milei.
El subsidio nacional, que ronda los 120 mil millones de pesos, se distribuirá de manera trimestral a través del Banco de la Nación Argentina. Cada una de las 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado habilitadas en el país recibirá la suma de $ 94.924.971,75. Estos fondos están expresamente destinados a la compra de equipamiento, materiales de protección personal y el mantenimiento de las unidades operativas que están en la primera línea de combate contra el fuego.
Pero el esquema de financiamiento es más amplio. También contempla partidas específicas para las entidades de segundo y tercer grado. Las federaciones provinciales recibirán dos transferencias de $ 7.754.639.995,93 cada una, que se repartirán de manera proporcional según la cantidad de asociaciones afiliadas que tengan. Este dinero está orientado a cubrir gastos de funcionamiento, representación y capacitación de los integrantes.
El despliegue de recursos llega hasta las estructuras superiores del sistema. El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios percibirá $ 7.754.640.000 para financiar la Academia Nacional de Capacitación y otros $ 2.584.880.000 para sus gastos operativos. Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) dispondrá de $ 2.584.880.009,64 para tareas de fiscalización, formación de instructores y la adquisición de equipamiento regional.
La normativa establece mecanismos de control y transparencia. Las entidades beneficiarias tienen la obligación de identificar todos los bienes adquiridos con estos fondos mediante placas o ploteos con la leyenda “Subsidio Nacional Ley N° 25.054”. La Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios supervisará que las inversiones se ajusten a los fines establecidos y tendrá la potestad de suspender los pagos a aquellas instituciones que presenten anomalías en sus rendiciones de cuentas digitales.
Mientras se ejecuta esta ayuda financiera, se desarrolla una discusión política de fondo en la Casa Rosada. La reunión de este jueves, que fue adelantada respecto de la fecha original debido a la presión de los mandatarios provinciales, estará encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y contará con la participación virtual del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El objetivo del encuentro es doble: evaluar el pedido formal de las provincias afectadas y, al mismo tiempo, terminar de ordenar el temario de las sesiones extraordinarias. Hasta ahora, el Gobierno tenía previsto concentrar ese período legislativo en proyectos como la reforma laboral y las modificaciones a la ley de Régimen Penal Juvenil, un paquete de iniciativas consideradas “prioritarias” por el oficialismo.
La magnitud de la catástrofe en el sur, sin embargo, reabrió el debate interno. Una de las alternativas concretas que se tratarán en la mesa política es la incorporación de una Ley de Emergencia Ígnea al listado de proyectos, una herramienta que permitiría acelerar recursos y asistencia para las zonas afectadas.
Esta decisión no es menor desde el punto de vista político. Sumar nuevos temas implica recalibrar prioridades en un Congreso donde el Gobierno no cuenta con mayorías propias y necesita negociar cada voto para avanzar. Obliga a un delicado equilibrio entre los objetivos legislativos originales del oficialismo y las demandas urgentes que llegan desde los territorios provinciales en llamas.
En paralelo a este análisis, el Gobierno ya oficializó esta semana la ampliación del temario extraordinario para incluir los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil, mediante el Decreto 53/2026 firmado por Milei. La definión que surja este jueves sobre la Emergencia Ígnea marcará el tono de la relación entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores en el arranque del año legislativo, mostrando hasta qué punto la agenda puede modificarse frente a una crisis de esta envergadura.
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