La empresa Industrias Secco, conocida por estar involucrada en la causa judicial conocida como «los Cuadernos de las coimas», fue denunciada públicamente por trabajadores y abogados laboralistas tras haber realizado una presentación penal contra empleados despedidos que se manifestaban en defensa de sus puestos de trabajo. La medida generó un fuerte repudio por parte de organizaciones sindicales y de derechos humanos.
Según detalló Ariel Moreno, trabajador de la compañía, 30 empleados del sector de emergencias fueron despedidos recientemente. Entre ellos se encuentran delegados sindicales con fueros, candidatos gremiales y activistas de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (Fetera – CTA Autónoma). Moreno denunció que se trata de despidos “ilegales y discriminatorios” y que afecta directamente a los llamados “bomberos de la luz”, responsables de asistir en situaciones críticas del sistema eléctrico.
El conflicto se desarrolló durante varias semanas con audiencias ante el Ministerio de Trabajo de San Martín, donde la empresa, según los trabajadores, no respondió a las convocatorias ni ofreció soluciones. Ante la continuidad del reclamo, Industrias Secco decidió denunciar penalmente a los trabajadores por su participación en las protestas. La primera causa, iniciada en la justicia ordinaria de San Martín, fue archivada. No obstante, la firma presentó una nueva denuncia ante la justicia federal.
El abogado Roberto Torres, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), explicó que esta acción judicial tiene como objetivo “criminalizar la protesta” y “amedrentar a los trabajadores que ejercen sus derechos constitucionales”. Torres afirmó:
“Denunciamos a estos empresarios impunes que buscan impedir la libertad de expresión, el derecho a huelga y la posibilidad de organizarse sindicalmente. Protestar es un derecho, no un delito”.
Cabe recordar que el titular de Industrias Secco, Jorge Balan, figura como imputado en la causa de los Cuadernos y declaró como “arrepentido”, admitiendo el pago de coimas en contrataciones del Estado. Según fuentes judiciales, Balan enfrentará un juicio oral por cohecho en noviembre próximo.
Desde Fetera-CTA y otras organizaciones sociales y sindicales, se exige la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos, el cese de las denuncias penales y el respeto a los derechos laborales y sindicales establecidos en la legislación vigente.
Fuente: Infogremiales
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