La Universidad de Buenos Aires denunció formalmente que el proyecto de ley de presupuesto impulsado por el gobierno de Javier Milei representa un “brutal recorte” para sus hospitales universitarios, que según sus cálculos recibirán un 30% menos de fondos en términos reales durante el próximo año.
La advertencia fue explicitada en una resolución aprobada este martes por el Consejo Superior de la UBA, que manifestó su “extrema preocupación” tanto por el ajuste presupuestario como por la propuesta oficial de derogar la Ley de Financiamiento Universitario.
El corazón de la preocupación institucional late en tres instituciones emblemáticas: el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari. Estos centros, que dependen directamente de la UBA, atienden cada año a más de 700.000 pacientes y funcionan simultáneamente como espacios clave de formación profesional, investigación científica y prestación de servicios médicos altamente especializados. La combinación de asistencia sanitaria, docencia e investigación los convierte en pilares únicos del sistema público de salud y educación superior.
El secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, aportó un ejemplo concreto para dimensionar el impacto del ajuste presupuestario. Explicó que el dictamen de mayoría fija para todo el sistema de hospitales universitarios una partida inferior a los 80 mil millones de pesos, una cifra que resulta incluso menor, en términos nominales, a lo que recibió solo la entidad universitaria durante el corriente año. Esta reducción se produce en un contexto donde el proyecto de Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5% para el próximo año y una inflación anual del 10,1%.
Según el análisis de la universidad, el insuficiente incremento nominal destinado a los gastos de funcionamiento, sumado al recorte real del 30% y a la proyección de una nueva caída en los salarios del personal, profundizará una situación de “ahogo presupuestario que desde hace meses mantiene en emergencia a la universidad y a buena parte de las casas de estudio del país”. Este diagnóstico refleja la tensión acumulada en el sistema universitario nacional tras meses de ajuste fiscal y alta inflación.
El ajuste presupuestario afecta directamente al funcionamiento de servicios críticos como las guardias médicas, áreas de atención de alta complejidad y programas de investigación médica universitaria. Esta trama de servicios sostiene no solo la formación de nuevos profesionales de la salud, sino también la atención directa de cientos de miles de personas que recurren al sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, muchos de ellos sin otra alternativa de cobertura médica.
El Consejo Superior de la UBA puntualizó además que el deterioro de la situación salarial afecta a toda la comunidad académica. Solo en los últimos dos años, el poder adquisitivo de docentes, no docentes y personal científico cayó en términos reales más del 45% respecto de diciembre de 2023, según las estimaciones institucionales. Esta erosión salarial amenaza la capacidad de retener profesionales altamente calificados y de garantizar la continuidad de las funciones esenciales de enseñanza, investigación y vinculación tecnológica que caracterizan a la universidad pública.
El repudio al proyecto de derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario ocupa un lugar central en el comunicado institucional. Según la UBA, dar marcha atrás con esta norma “agravaría aún más” la ya crítica situación de las universidades nacionales y representaría un retroceso en derechos y transparencia presupuestaria que costó décadas de debates parlamentarios y movilización social conquistar.
Esta ley, aprobada recientemente por el Congreso pero ahora puesta en riesgo por la iniciativa del Ejecutivo, tenía como objetivos específicos recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación, actualizar los gastos de funcionamiento y crear fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Su derogación forma parte de uno de los cambios más polémicos introducidos en la redacción original del Presupuesto, que también propone eliminar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Frente a este escenario, el máximo órgano de gobierno universitario resolvió solicitar formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación el rechazo o la modificación sustancial del dictamen del proyecto presupuestario. La UBA pidió específicamente la aprobación de una propuesta que garantice el pleno funcionamiento de las universidades nacionales y la vigencia activa de la ley de financiamiento y recomposición salarial. Este pedido fue extendido también al Senado de la Nación, en previsión del tratamiento definitivo que la iniciativa tendrá en la Cámara alta una vez que obtenga media sanción en Diputados.
En su resolución, la UBA reafirmó la declaración previa de emergencia salarial y señaló que la suma de desactualización en las partidas y el ajuste sobre hospitales puede socavar irreversiblemente la calidad de la educación universitaria y el acceso a servicios de salud esenciales. Esta advertencia busca alertar a los legisladores sobre las consecuencias concretas que tendrían las decisiones presupuestarias en la vida de miles de pacientes, estudiantes y trabajadores del sistema universitario.
La decisión de la UBA se suma así a los señalamientos y reclamos que durante los últimos meses viene emitiendo el conjunto del sector universitario y científico nacional. Estas voces se alzan en medio de una agenda pública marcada por el ajuste fiscal, la persistencia de la inflación y un intenso debate sobre el presente y el futuro de la educación y la salud públicas en la Argentina. La resolución del Consejo Superior representa una posición institucional consolidada frente a lo que considera un ataque sistemático a las bases de financiamiento del sistema universitario público.
La advertencia llega en un momento políticamente sensible, cuando el oficialismo busca acelerar la aprobación del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias mientras enfrenta resistencias tanto de la oposición parlamentaria como de diversos sectores sociales afectados por las medidas de ajuste.
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