APyT asegura que el Poder Ejecutivo incurre en “incumplimiento de deberes” al no ejecutar una norma aprobada por amplia mayoría y ya reglamentada.
En paralelo, los trabajadores impulsaron un amparo colectivo ante la Justicia federal para exigir la ejecución inmediata de la ley, cuyo objetivo es fortalecer la atención pediátrica y garantizar recursos para hospitales y centros de salud infantil de todo el país.
“El Poder Ejecutivo comete un delito flagrante al negarse a cumplir con una ley votada por abrumadora mayoría y respaldada por toda la sociedad”, afirmó Norma Lezana, secretaria general de la APyT, licenciada en nutrición pediátrica y profesional del Garrahan con 37 años de trayectoria.
Lezana recordó que el Gobierno justificó la falta de aplicación de la norma alegando “falta de fondos”, a pesar de que el decreto reglamentario ya fue firmado. “Dicen que no pueden aplicarla sin desfinanciar otros programas, pero no consideran alternativas como gravar grandes fortunas o eliminar exenciones a sectores privilegiados. Eso demuestra una decisión política, no una imposibilidad económica”, remarcó.
La denuncia penal incluye también al ministro de Salud, Mario Lugones, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes los trabajadores responsabilizan por incumplir una ley vigente. Además, la organización anunció que promoverá una campaña nacional para pedir al Congreso que active un juicio político contra los funcionarios mencionados.
El conflicto se profundizó tras la movilización en caravana que la APyT realizó el pasado sábado hacia la Quinta de Olivos, donde cientos de trabajadores reclamaron la implementación inmediata de la norma y denunciaron el “desmantelamiento progresivo” del hospital.
En su presentación judicial, el gremio solicita que la Justicia ordene al Ejecutivo cumplir con la ley y garantice el financiamiento previsto. “Pedimos que se asegure lo elemental: que se cumpla la ley. No vamos a resignarnos a ver cómo desmantelan un hospital que nos costó casi 40 años construir, orgullo nacional y símbolo del abrazo de nuestro pueblo”, enfatizó Lezana.
La Ley de Emergencia Pediátrica fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, vetada inicialmente por el presidente Milei, y luego ratificada por ambas cámaras, lo que obligó su promulgación y reglamentación. Sin embargo, el Gobierno aún no dispuso los fondos para su ejecución, lo que motivó la denuncia y la presentación judicial.
Desde la APyT advirtieron que seguirán adelante con acciones gremiales y judiciales hasta lograr la plena aplicación de la norma, en defensa de los derechos de los trabajadores del Garrahan y de los miles de niños y niñas que dependen del sistema público de salud infantil.
Con información de agencia Infogremiales
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