#18F: Los Fiscales advierten que «el caso Nisman podría no ser el último»

En este sentido, el kirchnerismo se mostró cauto frente a la marcha de los fiscales, pero pidió que "no pretendan transferir responsabilidades" al Ejecutivo en torno al esclarecimiento del caso, mientras que los funcionarios judiciales reclamaron por su "libertad e independencia".

En su habitual conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, subrayó que "el Gobierno es respetuoso de todas las manifestaciones de todo tipo y características" pero advirtió que "nadie puede decir que existe interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial".

"La pregunta es por qué se realiza esta movilización. Seguramente lo tendrán que explicar los organizadores", continuó Capitanich, al tiempo que pidió que la marcha "no implique pretender transferir culpas o responsabilidades a otros poderes del Estado o a otros miembros de la sociedad".

Al respecto, remarcó que "hoy está en manos de la Justicia el esclarecimiento" de la muerte del exfiscal de la causa AMIA "y ellos (los fiscales) son los que tienen que definitivamente resolverlo".

En tanto, el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, también se mostró cauteloso a la hora de opinar sobre la movilización: "Forma parte de los derechos que hemos conquistado todos los argentinos", afirmó.

"No me parece que sea malo. Han matado a un fiscal, o ha muerto un fiscal, o se ha suicidado un fiscal", agregó Fernández en declaraciones a la prensa, efectuadas antes de ingresar a la Casa Rosada.

Sin embargo, le apuntó a los organizadores de la marcha, del sector judicial más enfrentado al Gobierno y que en sus manos llevan causas sensibles contra varios funcionarios, al señalar que "entre ellos hay gente que no se movió por otros argentinos en los momentos más duros de la democracia".
En su cuestionamiento, el secretario de la Presidencia mencionó al exfiscal del juicio a las Juntas Militares, Julio Strassera, a quien acusó de haber negado un hábeas corpus al exgobernador de Santa Cruz Jorge Cepernic durante la última dictadura militar. .

La llamada "marcha del silencio" que se realizará el 18 de febrero desde el Congreso a Plaza de Mayo (donde se ubica la Fiscalía que ocupaba Nisman) fue convocada oficialmente este viernes por fiscales y empleados judiciales a través de una conferencia en el hall de los tribunales de Comodoro Py, donde aseguraron que la iniciativa "no es en contra de nadie".

El fiscal Guillermo Marijuan, uno de los más activos organizadores de la marcha, comunicó la intención de que no haya banderas políticas durante la movilización y, tras convocar a "toda la ciudadanía", recalcó que "no es una marcha en contra de nadie, es en silencio y por respeto".

"Es un silencio que queremos que signifique la paz que necesitamos y que necesitan los investigadores para esclarecer el suceso. También es un reconocimiento a su labor y el dolor que nos embarga a nosotros. Si va a haber banderas, que solamente sean banderas argentina", precisó.

Por su parte, el fiscal Stornelli advirtió que "el caso Nisman es el primero de estas características, pero podría no ser el último", a la vez que calificó a la situación como "un pozo ciego que desbordó".

"Esto nos preocupa y nos obliga a redoblar el compromiso de defender nuestra independencia", apuntó Stornelli, en tanto que José María Campagnoli reclamó "libertad e independencia" para que el Poder Judicial pueda trabajar.

"Sin fiscales independientes la Justicia no puede actuar", dijo ante la prensa Campagnoli, quien el año pasado quedó en el ojo de la tormenta en el marco de un fallido juicio político en su contra por irregularidades en su actuación en una causa contra el empresario Lázaro Báez.

"¿No hay nadie de la Procuración General de la Nación?", ironizó uno de los fiscales que participó de la convocatoria y que prometió su presencia para el 18 de febrero, para la cual prometen incluso la concurrencia de varios dirigentes políticos y gremiales.

La convocatoria fue hecha por Marijuan, Stornelli, Raúl Plee, Carlos Stornelli, Carlos Rívolo, Campagnoli, Ricardo Sáenz, y el juez Leopoldo Bruglia, entre otros, acompañados por el secretario gremial de los trabajadores judiciales, Julio Piumato.

Se trata de funcionarios enfrentados a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y también contra el Gobierno: entre otras, Stornelli tiene la causa Hotesur que involucra a la presidenta Cristina Kirchner; Rívolo fue quien investigó el caso Ciccone en sus inicios; y Marijuan pidió la indagatoria del empresario Lázaro Báez por lavado de dinero.

Para la marcha se sumarán además la Asociación de Fiscales; la Asociación Argentina de Fiscales y la Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Justicia Nacional: son entidades que en los últimos meses lanzaron fuertes críticas hacia el Gobierno y están en la vereda de en frente a la corriente de "Justicia Legítima", asociada al kirchnerismo.