Cerró otra histórica empresa y más de 500 trabajadores quedaron en la calle
ARSA
La empresa Alimentos Refrigerados SA (ARSA) fue declarada en quiebra. Fabricaba productos SanCor y deja a más de 500 empleados sin respuestas ni indemnización.
El Juzgado Nacional en lo Comercial N°29, a cargo del juez subrogante Federico Güerri, decretó la quiebra de la firma Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que desde 2019 producía yogures, flanes y postres bajo licencia de SanCor.
La empresa ya había suspendido su producción a mediados de este año, alegando un proceso de “reordenamiento” que nunca se concretó. Finalmente, el cierre se consumó dejando a cientos de familias a la deriva.
Más de 500 familias afectadas
Entre las plantas de Arenaza (Buenos Aires) y Sunchales (Santa Fe), además del centro de distribución en Córdoba, trabajaban más de 500 empleados. Muchos de ellos venían cobrando sus salarios en cuotas o con fuertes retrasos.
Según denunciaron los trabajadores, hubo períodos en los que apenas se abonó el 25 % del sueldo y los aportes previsionales y de obra social permanecieron impagos durante más de tres años.
“Nos fueron dejando sin nada. Primero redujeron turnos, después dejaron de pagar y al final apagaron las máquinas sin dar la cara”, lamentaron empleados de la planta bonaerense en diálogo con medios locales.
La quiebra de ARSA y el fin de una etapa
El caso ARSA expone nuevamente la fragilidad del sector lácteo argentino. La industria enfrenta una caída del consumo interno, una sobreoferta de leche cruda, el aumento de costos en energía y logística, y un deterioro sostenido de los precios al productor.
A eso se suma la crisis de SanCor, que en los últimos años cedió licencias de sus marcas y perdió capacidad de producción. ARSA surgió en ese contexto, con promesas de inversión que nunca se cumplieron.
Falta de respuestas y sospechas empresariales
La firma estaba bajo control de un grupo inversor que integraban BAF Capital, con vínculos con Vicentin, y los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también relacionados con La Suipachense (Maralac S.A.).
Hasta el momento, ninguno de los responsables se presentó ante los trabajadores ni ofreció explicaciones sobre la quiebra.
El fallo judicial dispuso la inhibición general de bienes, el bloqueo de cuentas bancarias y la interdicción de salida del país del administrador, mientras se inicia la etapa de liquidación del patrimonio.
Incertidumbre y reclamos
Los empleados reclaman prioridad en el cobro de sus haberes e indemnizaciones, así como una investigación sobre la administración de los fondos de la compañía. Desde el gremio ATILRA se analiza la posibilidad de presentarse en la causa para garantizar que se respeten los derechos laborales.
“Lo que pasó con ARSA no puede repetirse. No se trata solo de una quiebra: es el resultado de años de irresponsabilidad empresarial y ausencia de controles”, señalaron desde el sector sindical.
Con información de agencia MundoGremial