El Senado aprobó cambios a la Ley de Salud Mental y se permitirán internaciones involuntarias

El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental con 42 votos a favor y 21 en contra, y el proyecto pasó a Diputados.

El Senado aprobó el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que permitirá las internaciones «involuntarias», eliminará los manicomios y ampliará las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, como la ludopatía. La iniciativa, que será girada a la Cámara de Diputados, se aprobó con 42 votos contra 21, según informó la cobertura periodística del debate.

El dictamen de mayoría pudo sancionarse con el voto de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas y Movere Santa Cruz. El rechazo al proyecto cosechó 21 votos del bloque Justicialista, Independencia y Convicción Federal. El debate comenzó después de las 22.30, luego de la aprobación de las iniciativas sobre inversiones relevantes y de Mercado Voluntario de Carbono.

Los principales cambios introducidos al proyecto oficial

El proyecto de ley enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones, ya que sin esos cambios no se podía avanzar en la iniciativa, que era rechazada por las bancadas aliadas de La Libertad Avanza y de los gobiernos provinciales. Los principales cambios son que las internaciones involuntarias las puede disponer un médico, preferentemente psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminación de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratada por ludopatía.

«La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo puede realizarse cuando medie una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de sí misma o de terceros, la que debe ser evaluada por el equipo interdisciplinario», señala el dictamen de mayoría.

El debate en el recinto y las posturas de los senadores

Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Salud, la libertaria Ivana Arrascatea, aseguró que «si tuviera que resumir este dictamen de reforma a la Ley de Salud Mental en una palabra sería: ‘llegar a tiempo'». «Llegar a tiempo significa pasar del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente», remarcó Arrascatea. Indicó que la actual ley fue «insuficiente» y por eso «hay que dotar al sistema de herramientas adecuadas».

Por su parte, Guillermo Andrada de Convicción Federal, que presentó un dictamen de minoría junto a Carolina Moises y Sandra Mendoza, señaló: «La Ley de Salud Mental fracasó por sus principios? No, fracasó por lo que no hay, recursos que deben ser aplicados a esa ley. El modelo comunitario no fue acompañado por los recursos que le corresponden».

Las diferencias por los manicomios y el financiamiento

El senador radical Maximiliano Abad afirmó que «nadie puede ser indiferente al dolor que atraviesan miles de argentinos que sufren padecimientos mentales y consumos problemáticos». «Esta ley se ha mejorado mucho pero tengo diferencias con la permanencia indefinida de hospitales monovalentes: los manicomios», agregó.

El senador de Movimiento por Misiones, Carlos Arce, sostuvo que «cada provincia debe contar con los medios necesarios para cumplir con esta Ley de Salud Mental y garantizar así que su población reciba la atención que necesita». «Con esta incorporación, expresamos nuestro acompañamiento al dictamen», precisó Arce.

A su vez, el senador Gerardo Zamora dijo que con esta «reforma se le cargan a las provincias nuevas tareas» y no se prevén «los recursos». «Sin recursos no hay salud, no hay federalismo y no hay salud», agregó el senador del Frente Cívico y Social de Santiago del Estero.

El cierre del debate y la defensa de la reforma

En el cierre del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, indicó: «Lo estamos planteando que esta internación involuntaria es excepcionalidad ya que el objetivo es trabajar en la prevención». «Acá se han planteado varias opciones», agregó la exministra de Seguridad y aseguró que los hospitales especializados «no son manicomios». «Intervenir a tiempo cuida a la sociedad y cuida también a las personas con problemas mentales. Esto salva vidas», afirmó Bullrich.

Los detalles de los cambios aprobados

Se permiten las internaciones involuntarias ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros, que podrán ser resueltas por un solo médico si hay una emergencia. Se establece que habrá cooperación económica entre la Nación y las provincias y los recursos deberán estar incluidos en el Presupuesto Nacional. Un equipo interdisciplinario tiene 48 horas para revalidarla, y se habilita la posibilidad de realizar teleconsultas con un psiquiatra. La internación se comunicará a la Justicia, ya que antes se establecía que debía ser resuelta por un juez.

Deberá existir un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación, y se deberá notificar con anticipación al representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos para coordinar las condiciones de egreso. Se amplían las adicciones para permitir que la ludopatía pueda ser considerada un problema de salud mental. Se fija que los menores deberán ser atendidos por equipos con formación infantojuvenil y tendrán que ser internados en lugares separados de los adultos. Se mantiene la prohibición de la creación de manicomios.

El rol de los psiquiatras y los psicólogos en los equipos

La iniciativa le da prioridad a psiquiatras, aunque en las últimas horas se consensuó el aporte de psicólogos en grupos interdisciplinarios, tras presiones desde provincias y algunas universidades. En las internaciones, se reemplaza la exigencia del psiquiatra por médico, aunque con preferencia hacia la mencionada especialidad, o con formación en salud mental, con otro firmante, que se apunta a que sea psicólogo.

El cierre estuvo a cargo de la líder libertaria, Patricia Bullrich, quien describió la «contradicción» que se generó entre «dos profesiones que atienden a la salud mental», con una injusta acusación contra los psiquiatras «como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido». «Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad», indicó.