Por la represión en Córdoba piden la renuncia del ministro de seguridad.
La titular de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, Irina Santesteban, manifestó que “el Gobierno provincial debe hacerse responsable de los hechos de violencia y represión”.
La dirigente manifestó a Télam que “el ministro Alejo Paredes es uno de los responsables y debería renunciar porque dio la orden para que la policía reprimiera”.
También dijo que “el Gobierno de la provincia también tiene que asumir su responsabilidad, al igual que la Justicia” y deslindó responsabilidades de los manifestantes.
Asimismo, anticipó la promoción de una “denuncia penal” por las agresiones y heridas que recibieron varios manifestantes.
Luego de la represión policial de ayer, los trabajadores judiciales, los municipales capitalinos y del sector de Luz y Fuerza, realizan hoy un paro total de actividades de 24 horas, en repudio al accionar policial.
El paro de actividades fue acompañado por otros gremios con abandono de tareas y asambleas, como el caso del Sindicato de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) y bancarios, en tanto la marcha hacia Tribunales sólo fue realizada por los judiciales y otras agrupaciones.
Juan Monserrat, titular de la Uepc, criticó al Gobierno de la provincia por “avalar semejantes niveles de represión” y consideró que “la policía podría haber actuado de otra manera y que hiciera los desmanes cuando estábamos haciendo un reclamo legítimo”.
El conflicto comenzó en la noche del 8 de agosto cuando De la Sota, con el argumento de que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) no transfiere los fondos de convenios para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, presentó en la Legislatura el proyecto de ajuste previsional que fue aprobado en un rápido tratamiento.
Con el objetivo de obtener fondos para cubrir parte del déficit, la nueva ley deja sin efecto el pago simultaneo de aumentos a los jubilados cuando lo perciben los activos, a partir de ahora los pasivos recibirán los incrementos seis meses después de los activos, incluso faculta al Poder Ejecutivo a modificar los porcentuales de los aportes de la patronal y del trabajador.