Allanan seis “cuevas” por presunta infracción a la Ley Penal Cambiaria.

Una organización dedicada al cambio ilegal de moneda extranjera fue desbaratada durante seis allanamientos realizados por la Policía Federal en seis locales que funcionaban como «cuevas» en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde fueron detenidas siete personas.

Fuentes policiales informaron que los operativos, ordenados por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, fueron realizados por detectives de la División Jurídico Contable de la Superintendencia de Investigaciones en los barrios porteños de Palermo y Liniers, en el complejo Nordelta del partido bonaerense de Tigre y en la localidad de General Pacheco.

Uno de los procedimientos concretados en Palermo se realizó en un local de pago de servicios donde además se concretaba la comercialización ilegal de dólares, euros y reales.

El otro procedimiento de esta capital tuvo lugar en un comercio de José León Suárez al 700, del barrio porteño de Liniers. Según revelaron los voceros policiales a DyN, durante los allanamientos se encontraron unos 500 mil pesos, 100 euros y 40 mil dólares, y una gran cantidad de carpetas con documentación y datos de clientes de esos lugares.

Además, en los operativos fueron detenidas siete personas de entre 30 y 55 años identificadas como las responsables de las denominadas "cuevas", quienes fueron trasladadas a la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones acusadas de infringir el artículo 1 de la Ley Penal Cambiaria que prohíbe las operaciones de compra y venta de monedas extranjera sin la autorización del Banco Central.

Darío Ruiz, subsecretario de Políticas de Seguridad de la Nación, señaló que "se ha dado un golpe muy fuerte a esta red que comercializaba moneda extranjera en infracción al régimen penal cambiario".

Según confirmó el funcionario, la investigación para dar con la organización se inició por una denuncia contra un contribuyente domiciliado en Nordelta, partido de Tigre, cuyo nivel de vida no coincidía con sus declaraciones impositivas. En ese sentido, fuentes de la investigación señalaron que tras descubrir la inconsistencia entre los bienes, el consumo y las declaraciones impositivas de esa persona, la jueza Arroyo Salgado, mediante una denuncia realizada por la AFIP, le ordenó a la Policía Federal la pesquisa del caso que concluyó con los seis allanamientos y la detención de las siete personas acusadas de formar la organización.

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