El Parlamento aprobó las nuevas Juntas de Clasificación Docente en medio de la tensión

Tras una larga jornada caracterizada por la violencia dentro y fuera del recinto del Parlamento como también los fuertes cruces, los legisladores sancionaron la modificación de las Juntas de Clasificación Docente.

El tenso clima había comenzado con la vigilia que habían comenzado los docentes junto con gremios y partidos políticos que se oponían a la medida.    
 
Cerca del mediodía ingresaron personas encapuchadas portando palos que se trasladaban en micros y comenzaron a agredir a un grupo de legisladores y maestros. La principal perjudicada fue la Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, diputada del PRO, Victoria Morales Gorleri quién recibió un golpe en el estómago y se desvaneció. Rápidamente fue atendida por personal médico de la Legislatura.
 
La sesión estaba prevista para las 15:30 y comenzó a las 22 horas luego de dos cuartos intermedios para tratar despachos previos para luego pasar al proyecto de Juntas que comenzó al igual que los episodios violentos.   
 
En medio de la violencia, un grupo de encapuchados arrojó papeles incendiados y bombas de estruendo por debajo que da a la puerta de la calle Perú 160 mientras que otro grupo intentaba derribar esa misma puerta de entrada. 
 
A raíz de estos episodios vandálicos, personal de bomberos voluntarios que se encontraban en el interior del edificio comenzaron a arrojar agua para dispersarlos a los violentes mientras que otro grupo de manifestantes se encontraba dentro del Palacio que fue repelido por personal de seguridad junto con agentes de la Policía Metropolitana aunque el patrimonio se vio seriamente dañado.   
 
En la sesión, el cuerpo sancionó la polémica norma por 30 votos positivos, 27 negativos y 3 abstenciones.  
 
El proyecto original impulsado por el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich apuntaba a la eliminación de juntas de clasificación docente que seleccionan a los maestros. El mismo apuntaba a eliminar 14 juntas de clasificación que actualmente seleccionan a los maestros. 
 
La propuesta denominada “Democratización, Transparencia y Modernización de la Clasificación y Designación Docente” que buscaba crear un sistema de “clasificación on-line” que tiende a transparentar y hacer más efectivo el sistema de selección, que será supervisado y controlado por la Oficina Única de Clasificación Docente y una Junta de Clasificación, conformadas por representantes de los medios.    
 
Por otra parte, la iniciativa modifica artículos del Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobado por la Ordenanza Nº 40593 con sus respectivas modificatorias y regula la actividad de 45.000 maestros y profesores. El asunto controversial es la creación de la Oficina Única de Clasificación Docente (OUCD) y de la Junta de Control de la Clasificación y Designación Docente dependientes del Ministerio de Educación porteño que sustituirán a las actuales Juntas de Clasificación.
 
Sin embargo, el despacho que fue aprobado se refiere a siete Juntas “de Clasificación y Seguimiento de la Clasificación de Concursos Docentes” y las define como “los órganos de control y seguimiento por nivel con participación docente que fiscalice el proceso, intervenga y dictamine sobre dificultades por sí o a pedido de los docentes o el ministro”. 
 
Las Juntas representarán a las áreas Inicial; Primaria Común, Adultos y Servicios Profesionales; Especial; Curriculares Media Común y Adultos; Técnica y Artísticas.   
 
En la votación, los bloques que rechazaron el proyecto fueron Encuentro Popular para la Victoria, Proyecto Sur, UCR, Nuevo Encuentro, Frente Progresista y Popular y GEN.     
 
En el debate, la diputada del bloque Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, Laura García Tuñón expresó su rechazo al proyecto al argumentar que “están vulnerando los derechos que conseguimos y que había avasallado la dictadura militar”. 
 
Asimismo, la diputada de Diálogo por Buenos Aires, María Elena Naddeo señaló que “el PRO y sus aliados, los diputados Diego Kravetz y Sergio Abrevaya, están destruyendo lo más valioso de la educación de la ciudad: la participación de los docentes en el sistema de concurso. Quitarle la facilidad de clasificar a las Juntas es destruir la prescindencia y autonomía del poder político e instaurar la dedocracia” y añadió que “ni Bullrich ni Macri conocen el sistema educativo, la ley 1420, la educación pública, laica y gratuita; y quieren trasladar los criterios empresariales a la educación pública”.  
 
En esa misma sintonía el legislador de Encuentro Popular para la Victoria, Francisco “Tito” Nenna sostuvo que “esta ley plantea el fin de la democracia y la transparencia en el proceso de designación de docentes”. 
 
Pese a que el texto consensuado perteneció a la Coalición Cívica, la diputada de este mismo bloque, Rocío Sánchez Andía votó en contra en desacuerdo con sus compañeros.

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