De Lázaro Báez y sus hoteles a Cristóbal López y sus casinos.

Se trata de aquellas medidas que había pedido días atrás el fiscal Guillermo Marijuan al dar impulso a una denuncia presentada por los diputados porteños del interbloque UNEN Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro e Inés Gorbea.

"Es un gran paso adelante para terminar con la impunidad del poder y de los empresarios que se hacen millonarios con el dinero de los pobres que juegan en los casinos y que encima no pagan impuestos", señalaron los diputados tras conocer las medidas ordenadas por Canicoba Corral.

Canicoba Corral solicitó que se informe cómo audita la actividad del juego la Ciudad de Buenos Aires para asegurar el resultado correspondiente al Instituto del Juego porteño y si existe algún otro tipo de control.

Es que, tal cual remarcó el fiscal Marijuan, la denuncia da cuenta que "la autoridad de aplicación con sus incumplimientos ha generado gravosas consecuencias, tales como, la ausencia o debilidades en el control de la recaudación que atenta sobre el beneficio que los juegos de apuestas deben otorgar a la ciudadanía".

Y agregó: "Ello en virtud del porcentaje que debe ser destinado a la asistencia social; la ausencia o debilidades en el control de las apuestas facilita la evasión tributaria; la falta e inconsistencias en el sistema de control de las apuestas atenta contra la recaudación; la ausencia de información pública sobre los ingresos atenta contra la transparencia y daña el sistema republicano".

En ese sentido, el fiscal le había pedido al juez que se requiera a la Inspección General de Justicia la constitución, estatutos y balances de la firma Casino Club S.A; que se solicite a la AFIP las actuaciones llevadas a cabo sobre el control de la recaudación de las tragamonedas operadas tanto en el Hipódromo de Palermo y como en los Casinos Flotantes.

Asimismo, entre las medidas que dispuso Canicoba Corral, está aquella otra en que Marijuan pidió que se informe "la situación fiscal de la empresa Casino Club S.A. y, lo tributado en los últimos cinco años" y que "se determine el sistema y las empresas contratadas para realizar el control on line".