Día negro para Gils Carbó con el procesamiento de dos fiscales K.

"El obrar de estos fiscales en modo alguno se ajustó a las normas procesales que dirigen su actuación", sostuvo el juez al dictar el procesamiento por "prevaricato", esto es por dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta o contraria a la ley.

La acusación contra ambos integrantes de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica es por haber omitido incluir en la investigación por lavado de dinero a Báez y sólo hacerlo con los jóvenes empresarios Leonardo Fariña y Federico Elaskar.

Ese dictamen fue luego ampliado por el fiscal Guillermo Marijuan, quien sí extendió la investigación hacia Báez y su entorno.

Ahora los fiscales Gonella y Orsi fueron procesados por Martínez De Giorgi, el juez al que la presidenta Cristina Kirchner se refirió en su último discurso aunque sin nombrarlo- por ser el mismo que días atrás citó a indagatoria al ministro de Justicia, Julio Alak, por presuntas irregularidades en la administración de Aerolíneas Argentinas.

Gonella y Orsi intervinieron ni bien hecha la denuncia a raíz de un informe periodístico y como auxiliares de la Fiscalía que estaba siendo subrogada por Ramiro González: en base a información que aportó la Procelac, se imputó sólo en un principio a Fariña y Elaskar.

"La negativa de éstos funcionarios en relación a la imputación formulada por éste tribunal y sus explicaciones, aparece sin lugar a dudas en ésta etapa procesal y con el grado de probabilidad que aquí se exige, desvanecida en el contexto de pruebas colectadas", sostuvo Martínez De Giorgi.

El juez tuvo en cuenta la denuncia periodística de los hechos y también valoró que, tras el requerimiento fiscal ampliado por Marijuan -en el que incluyó a empresario santacruceño-, "se aportaron a la investigación del Juzgado 7 reportes de operaciones sospechosas vinculadas, entre otras, a la firma Austral Construcciones, a Lázaro Báez y a Daniel Pérez Gadin".

Según la denuncia, Pérez Gadín sería un hombre vinculado al empresario y se habría hecho cargo de la financiera S.G.I, mediante la cual giraban dinero a paraísos fiscales en el exterior.

"El marco fáctico del que dan cuenta las denuncias se vio intencionalmente modificado por los imputados, con la clara intención de desviar el curso de investigación", sostuvo el juez, quien además señaló que hubo un borrador del requerimiento que difirió mucho del que finalmente se presentó y en el que Báez no estaba incluido.

"Se observa cómo al impulso de inicio se lo priva de todo componente vinculado al lavado de activos con relación al empresario Báez y su entorno. Entramado que como quedare evidenciado constituía la plataforma denunciada", agregó.

Según sostuvo el juez, la intervención de Gonella y Orsi "imposibilitó la adopción en tiempo y forma de medidas conducentes sobre hechos y personas no alcanzados por el impulso inicial de la acción penal".

"Tan clara está la intencionalidad de los imputados en perjudicar esa investigación, que para poder introducir los reportes que facilitarían su direccionamiento, se comunicaron telefónicamente con el fiscal que estaba ocasionalmente a cargo", advirtió la resolución.